Querido lector:
Que la Comunitat Valenciana presente una balanza fiscal negativa de más de 2.000 millones de euros no es nada nuevo. Significa que la relación entre lo que pagan los ciudadanos valencianos al Estado y lo que reciben en forma de gasto o inversión en sus territorios es absolutamente desfavorable para la Comunitat. Es decir, lisa y llanamente, los valencianos pagamos 2.000 millones de euros más al Estado de lo que recibimos.
Y eso viene ocurriendo desde que se instauró el modelo de financiacón autonómica actual que penaliza gravemente a la Comunitat Valenciana frente a otras autonomías que presentan saldos escandalosamente positivos (más de 7.000 millones a favor en Andalucía o 4.000 millones en Canarias o Castilla y León). La financiación estatal (aquella que debe sufragar los costes de las competencias autonómicas de Educación, Sanidad, etc.) no es la única vía de ingresos de una autonomía, pero sí debería ser la principal fuente compensatoria de desequilibrio de las cuentas territoriales. Y por lo que vemos, con la Comunitat, no solo no ha sido así, sino que ha servido para empeorar su situación económica. Desde una óptica de acumulación supone una infrafinanciación constante y continua, año tras año, que obliga a acudir a deuda a la Generalitat y por consiguiente a más gasto por intereses lo que inexorablemente incrementa el déficit y hace imposible cualquier equilibrio por muchos recortes o ajustes que se hagan. Nunca llegarán.
Este estudio encargado por el Ministerio de Hacienda evidencia lo que se lleva denunciando desde la Comunitat ante el Gobierno central desde hace años y que el propio Montoro a cajas destempladas quiere evitar: la necesidad de un nuevo modelo que corrija unos desequilibrios autonómicos que con la crisis ya no son los mismos que antes. La Comunitat Valenciana ya ha sido muy generosa en su solidaridad territorial, hasta el punto de recibir bastante menos que los demás. Es urgente corregir esta situación por justicia, pero también por necesidad perentoria.
