No han transcurrido dos meses del nuevo año y ya han sido asesinadas 16 mujeres en España a manos de sus parejas o antiguos compañeros. Los dos últimos casos registrados ayer (en Barcelona y Gandia) comparten un elemento que agrava aún más las circunstancias de las muertes: sobre los asesinos de ambas mujeres pendían sendas órdenes de alejamiento que no les deberían haber permitido acercarse a ellas. El fracaso del sistema se ha puesto dramáticamente de manifiesto, tal como lo ha reconocido la propia Fiscalía para la Violencia contra la Mujer al asegurar que no supieron «valorar adecuadamente el riesgo». La vecina de Santa Perpètua había presentado denuncia dos veces y pidió una orden de protección que le fue concedida, pero nada de eso evitó su trágica muerte.

La figura de la orden de alejamiento -que no hay que olvidar dictan los jueces en casos de amenaza extrema- se revela como una herramienta que resulta a todas luces ineficaz si no va acompañada de medidas de seguridad y control más visibles y próximas a la persona que es acosada. Las actuales órdenes de alejamiento no dejan de ser un papel mojado que nunca será capaz de frenar la ira ciega de un asesino. La ley integral contra la violencia de género data del año 2004, y aunque la lucha contra el machismo es un reto colectivo que a todos nos interpela, urge la revisión inmediata de muchos de los protocolos de esa norma que se han mostrado ineficaces, empezando por el de la orden de alejamiento.

Para qué sirven los pactos anticorrupción que firman los partidos? Al parecer, solo para arrojarse los casos unos a otros y para aplicar un doble rasero según a quién afecten. El último ejemplo es la imputación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (PP), investigado por la construcción de un auditorio en Puerto Lumbreras cuando era alcalde de la población.

En aplicación del pacto de investidura, que exige separar de inmediato de cualquier cargo a imputados por corrupción política, Ciudadanos pide la dimisión de Sánchez, pero el Partido Popular, en contra de su pregonada apuesta por la transparencia, responde que no se trata de corrupción sino de un «error administrativo», cuando el juez le cita por indicios de delitos de malversación, fraude y falsedad documental. Los dirigentes del PP, con Mariano Rajoy y su ministro de Justicia a la cabeza, se escudan en la defensa de la presunción de inocencia y además remiten a la apertura del juicio oral el momento para que un imputado deje el cargo. Es discutible que por la simple imputación un político tenga que dimitir, pero no se pueden firmar pactos que la exijan para luego incumplirlos ni se puede pedir que se cumplan solo si afectan al rival.

En el caso de Murcia, la cuestión es más grave porque su ley de transparencia también obliga a la dimisión y Sánchez, salpicado asimismo por el caso Púnica, se comprometió a renunciar si era imputado. Incumple el pacto y también su palabra.