Para bien o para mal, Estados Unidos es un ejemplo para el resto del mundo. Su capacidad de influencia está de sobras acreditada y, en algunos aspectos, ha sido un motor de progreso y de expansión de la doctrina de la democracia y los derechos humanos. En este sentido, la llegada de Donald Trump a la presidencia es otra pésima noticia. Amnistía Internacional (AI) así lo ha constatado en su informe anual sobre los derechos humanos. La política antiinmigración, la dura postura contra los refugiados y la agresividad contra los musulmanes de la administración Trump han dado alas a estas políticas en el resto del mundo. De hecho, es el tratamiento a los refugiados uno de los aspectos más preocupantes que AI trata en su informe. No se trata solo de que el discurso populista, xenófobo y supremacista de Trump encuentre eco en varios países de Europa, sino que las políticas hacia los refugiados son restrictivas y demonizan a las personas que huyen en busca de asilo.
AI es dura con España, ya que afirma que se han restringido de forma desproporcionada derechos fundamentales, en especial con la ley mordaza. Y carga con la represión vinculada al procés: denuncia la «fuerza excesiva» del 1-O, califica de «desproporcionada» la prisión provisional de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y afirma que España «ha vulnerado los derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica» con las prohibiciones de debates sobre el referéndum. Contundencia de la que el Gobierno de Mariano Rajoy debe tomar nota.
