Al salir a la calle en los dos últimos años, cuatro violadores reincidentes a raíz de la derogación de la doctrina Parot, han saltado por los aires los complejos del progresismo buenista. En la Transición, se aceptó la doctrina redentorista sobre la punitiva, confiando en la rehabilitación que se suponía causaba la estancia en prisión.

Se salía de una dictadura y se tenían los complejos antiautoritarios de quien no ha conocido la libertad y no sabe como luchar para preservarla. Y en esas aguas revueltas se confundió autoridad con autoritarismo y se provocaron grietas por las que corre tanto la inmundicia como el dolor de las víctimas.

La eliminación de la pena de muerte y la cadena perpetua del Código Penal español con la democracia hizo que las penas más duras tuvieran una relativa benevolencia al no reajustarse a la nueva situación.

La doctrina Parot permitió que se aplicaran los beneficios penitenciarios sobre el total de la condena, hasta que gracias al juez designado por Zapatero en Estrasburgo, esta doctrina volvió a suprimirse y terroristas y violadores salieron a la calle.

Ahora la polémica se centra en la prisión permanente revisable. Hay un hecho que desgraciadamente reclama esta condena: la incapacidad de ciertos delincuentes para reinsertarse. Unas veces por un trastorno mental insuperable y otras por una falta absoluta de arrepentimiento y empatía con las víctimas.

El argumento de la izquierda parlamentaria y la anodina abstención de Ciudadanos es el derecho a la reinserción de los presos. Efectivamente la reinserción es un derecho del reo, pero no una obligación del Estado. Nadie puede obligar a otro a reinsertarse si no quiere. Le corresponde al reo demostrar que es capaz de reincorporarse a la sociedad y ser merecedor de la libertad perdida tras las graves agresiones que provocaron su condena.

Los casos de Diana Quer o Marta del Castillo o Mari Luz Cortés son los más mediáticos; pero lo cierto es que hay alimañas, que al verse libres de nuevo, tienen oportunidad de reincidir.

Sería inaceptable que la inanidad abstencionista de Ciudadanos permitiera que la izquierda pusilánime tumbe la única pena de todo nuestro ordenamiento jurídico capaz de garantizar que asesinos y violadores de la peor especie tengan acceso a nuevas víctimas.

No es cierto que sea una condena perpetua. Es una condena revisable en función de la evolución de cada reo. Quien no es capaz de vivir en libertad porque mata y viola salvajemente y, además, no es capaz de reinsertarse, ha de asumir que existe una pena concorde a su barbarie.

Siempre han sido los prejuicios de la izquierda los que han sumado la indignación a las lágrimas de las víctimas. Ahora habrá que sumar a Ciudadanos, un partido voluble y reversible, cuyas convicciones dependen de la mercadotecnia y de la sociología electoral.

*Vicepresidente de la Diputación