El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, habló ayer finalmente de la corrupción tras conocerse la detención de Ignacio González y la consiguiente dimisión de Esperanza Aguirre. Su intervención no se movió ni un milímetro del que viene siendo su guión en los últimos cinco años en los que se han conocido una serie interminable de investigaciones judiciales a militantes, dirigentes y cargos públicos del PP, en muchas ocasiones vinculados a la financiación del partido. Rajoy sigue encerrado en su primario «quien la hace la paga». Una argumentación no muy distinta a la que esgrimía Aguirre hasta el pasado lunes. Persiste, pues, el actual presidente del PP, un partido en el que lo ha sido todo, en la teoría de los garbanzos negros, de los dirigentes que engañan a los miles de militantes de buena fe que trabajan honradamente en política. Y en eso tiene la razón pero no es lo que hoy está encima de la mesa. Como bien señaló Esperanza Aguirre en su despedida, el asunto es el grado de responsabilidad de los dirigentes políticos en el nombramiento de sus equipos y cargos de confianza. La multiplicación de «garbanzos negros» en el Partido Popular en las administraciones donde ha gobernado solo puede explicarse de dos maneras: o la selección de los dirigentes era muy laxa o la corrupción muy extendida. Y en ambos casos, alguien -como hizo la expresidenta de la comunidad madrileña- debe asumir las responsabilidades por el perjuicio a la ciudadanía y el quebranto de la confianza, tanto de militantes como de los votantes y de los contribuyentes. Rajoy no puede seguir actuando como si él no estaba allí, donde se tomaban las decisiones que ahora tienen consecuencias.

De la misma manera, el presidente llega incluso a sacar pecho de la acción de su Gobierno al destacar que ha sido ahora cuando la justicia ha actuado sin mirar contra quien. Eso es absolutamente cierto, pero en ningún caso se puede considerar un mérito del Ejecutivo sino un requisito del Estado de derecho. Vamos, que lo destacable sería que no lo estuviera haciendo. Pero la afirmación es más falaz cuando sabemos las maneras como el Gobierno, allí donde puede -en la fiscalía o en el Ministerio del Interior- maniobra contra las investigaciones y revela información sensible a los investigados. No hay nada que le permita sacar pecho, sino asumir responsabilidades.