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Puigdemont, en tierra de nadie

 

La vertiente judicial de la crisis catalana dio ayer un nuevo e inesperado giro con la decisión del juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena de anular las órdenes europeas de detención dictadas contra el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí. Argumenta el magistrado que, para aceptar la euroorden, la justicia belga podría limitar las imputaciones de los fugados de la justicia española, lo cual constituiría un perjuicio para los acusados (el exvicepresident Oriol Junqueras, los ocho exconsellers y Jordi Sànchez y Jordi Cuixart) que no se fugaron, algunos de los cuales permanecen en prisión preventiva. Dado que el juez mantiene en vigor las órdenes de detenciones nacionales, se da la circunstancia de que Puigdemont y los exconsellers son libres de moverse por todo el mundo pero no de regresar a Cataluña, ya que de pisar territorio español serían detenidos de inmediato y puestos a disposición judicial.

El meollo del debate legal remite a las acusaciones de rebelión y sedición, sobre todo la primera, ya que implica el uso de la violencia. La fiscalía y la instrucción de la jueza Carmen Lamela en la Audiencia Nacional (que fue la que solicitó la euroorden) y del propio Llarena se basan en que hubo violencia para justificar la acusación de rebelión, pero son muchos los juristas que han advertido de que este tipo legal no es aplicable a lo sucedido en Cataluña antes y después del referéndum del 1-O. Con la decisión de retirar la euroorden, Llarena indica que la rebelión seguirá estando encima de la mesa en este proceso legal.

Puigdemont, cabeza de lista de Junts per Catalunya, queda de esta forma en una tierra de nadie incómoda que está por ver qué consecuencias personales, políticas y legales conlleva. Queda por ver qué sucederá con la retórica de «presidente en el exilio» con la que ha intentado movilizar a la parte más emocional de su electorado. Porque, retórica al margen, la realidad es que su principal contrincante el 21-D por el voto independentista, Oriol Junqueras, sigue en prisión preventiva porque decidió no fugarse. Si es muy difícil ser president de la Generalitat desde la cárcel, aún más lo es sin poder pisar Cataluña. La mala noticia es que la vertiente judicial y emotiva siguen eclipsando a la política en esta trascendental campaña.