Pocos dudan a estas alturas que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont esté dispuesto, en su enajenación política, a hacer un movimiento que pueda parar la aplicación del artículo 155 de la Constitución que prevé la intervención de las competencias de una comunidad autónoma cuando incumple con sus obligaciones: o a la renuncia explícita a la declaración unilateral de independencia o la convocatoria de elecciones autonómicas. El jueves, pues, el Gobierno pondrá en marcha los mecanismos y en un plazo relativamente corto de tiempo deberá llevar al Senado una propuesta para aplicar el ya famoso artículo. Es lógico que los partidos dispuestos a apoyar a Rajoy en ese empeño --el PSOE y Ciudadanos-- estén intercambiando opiniones sobre la manera de ejecutar ese escenario inédito hasta ahora.

En este contexto, el PSOE se muestra partidario de un período breve de suspensión de la autonomía catalana, orientándolo fundamentalmente a garantizar una convocatoria de elecciones en condiciones y asegurando el cumplimiento estricto de la legalidad. Para ello, según los socialistas, la fórmula más adecuada sería la destitución del actual Gobierno y el nombramiento de algún ministro con funciones meramente administrativas para ejecutar el plan pactado previamente. Son medidas ciertamente dolorosas pero que solo el mismo presidente de la Generalitat catalana puede evitar volviendo a la legalidad.

Al punto de vista socialista se le habrá de sumar lógicamente el de Ciudadanos pero en lo fundamental, la propuesta del PSOE no es sustancialmente diferente de las demandas que han formulado hasta ahora tanto Albert Rivera como Inés Arrimadas en el sentido de que las elecciones son la mejor solución al callejón sin salida al que ha abocado a la Generalitat el frente independentista en los dos últimos años. Faltará finalmente la interpretación del artículo 155 que haga Rajoy y también su partido. El presidente del Gobierno ha antepuesto hasta el momento el apoyo del resto de partidos a cualquier otra posibilidad a pesar de que el Partido Popular goza de mayoría absoluta en el Senado que es donde se debe votar esta iniciativa. El camino, pues parece más que despejado si Puigdemont no lo evita, y transcurrirá en paralelo a la iniciativa judicial que se sigue contra quienes alentaron la sedición en Cataluña en los prolegómenos del pseudorreferéndum del 1-O.