Desde el pasado lunes 1 de enero ya es legal cultivar marihuana en casa y comprarla en comercios autorizados en el estado de California, la sexta economía mundial con una población de casi 40 millones de personas. La legalización, tras haber superado un plebiscito celebrado el mismo día de las elecciones presidenciales, afectará a numerosas condenas judiciales de forma retroactiva y servirá en muchos casos para borrar los historiales delictivos que arrastran miles de californianos tras décadas de persecución policial contra el uso de la hierba.

La autorización pone en marcha asimismo un negocio multimillonario del que, además de a los empresarios del sector, se lucrará especialmente el Estado a través de los impuestos que gravarán el comercio. Las ventas se tasarán con el 15% que puede aumentar hasta el 45%.

Aunque con dimensiones bien diferentes, el caso de California resucita el debate sobre la regulación de la marihuana en España, país que está entre los tres primeros de la UE en cuanto consumidores de la sustancia. Por un lado, los efectos medicinales -indudables para muchos enfermos- obliga a tratar el tema no como asunto criminal sino de salud pública. Y por otro, se debe acometer decididamente la regulación de los clubs cannábicos que imponga requisitos administrativos para garantizar la exclusión de las mafias, que ahora se benefician del desorden, así como el consumo respetuoso con los derechos de los no consumidores.