Cuentan en Santo Domingo el dicho dominicano de que la gente “compra el candado después de ser asaltada, tocada y robada”. Y lo dicen asumiendo la pasividad ciudadana ante continuos casos de corrupción y despilfarro de un gobierno autoritario que mezcla, en la coctelera administrativa, poder, dinero y mentiras. En el país valenciano no podemos permitirnos el error de silenciar tanto atropello y recorte. Hay que insistir en exigir responsabilidades. Y que no miren hacia otro lado, como están haciendo la delegada del Gobierno y otros mandatarios autonómicos. Hasta República Dominicana llegan a diario noticias de la Primavera Valenciana. La prensa destaca la violencia policial y define esta movilización ciudadana como un chorro de aire fresco y necesario. Desde aquí las noticias son sobresaltos. Cada día se reciben como un nuevo mazazo contra la sociedad valenciana, porque la detención de José María Felip suma más gotas que colman y desbordan el vaso. Junto a Felip, otras 13 personas integrantes de una trama de corrupción dedicada a saquear las subvenciones de cooperación internacional de la Generalitat bajo el mandato de Rafael Blasco. 14 detenciones que nos tienen que refrescar la memoria cuando en el otoño de 2010 fue denunciado este delito y el entonces conseller, además de sus voceros, se rasgaban las vestiduras en desmentir cualquier acusación. Ayer concluía la toma de declaraciones de estos detenidos puestos en libertad con cargos, excepto uno, que ha ingresado en prisión.

El saqueo de las ayudas destinadas al tercer mundo podría alcanzar los nueve millones de euros. Clara Tirado y Mireia Mollà fueron las primeras en tirar del hilo de esta maldita madeja. Ahora la sociedad debemos seguir tirando las hebras de esta nueva madeja, delictivo y vergonzoso, que nos dedica la Generalitat. Es la peor de este rosario de delitos, y bajo el sello Blasco, meter la mano en ayudas para los países más desfavorecidos. ¿Hasta dónde más vamos a llegar? No imaginaba el PP tanto inquilino propio cuando Michavila, Zaplana, Olivas y Barberá inauguraron en 2003 la Ciudad de la Justicia. H