La inacción del Consell ante los episodios de adoctrinamiento provoca que los casos cada vez sean más graves y más frecuentes. Son demasiados los incidentes en los que se han denunciado situaciones en las que se ha vulnerado nuestro Estatuto de Autonomía, la Constitución, los reglamentos de los propios centros educativos, o se ha incitado a los estudiantes a pensar de una determinada manera. No entiendo por qué desde la Conselleria de Educación no se actúa con contundencia para que no se vulneren los derechos elementales de los más pequeños.

Es verdad que la inmensa mayoría de los docentes son magníficos profesores que se caracterizan por su vocación, por su buen hacer y por su imparcialidad. Pero precisamente para proteger al sector, para evitar que se generalice, hay que señalar con el dedo a los malos profesionales, para conseguir el reconocimiento de los buenos. Y además quiero poner en valor el trabajo que realizan nuestros inspectores, a pesar de que Marzà les está vaciando de competencias y, en estos momentos, tiene mucha más autoridad, en las aulas valencianas, un asesor lingüístico, que un inspector. Por eso, también quiero aprovechar estas líneas para reivindicar la autoridad, el prestigio y las funciones que la inspección nunca debería haber perdido.

LA PASIVIDAD y la indiferencia con la que actúa el conseller y su equipo cada vez que conocemos un nuevo caso de adoctrinamiento y, raro es el día que no aparezca uno nuevo en los medios de comunicación, hacen necesario que se tomen cartas en el asunto. Nadie puede sentir que en los centros educativos hay impunidad para poder hacer y decir lo que se quiera. Libertad de cátedra, toda la del mundo, pero hasta la libertad tiene límites y esos límites son la legalidad. Las personas que atenten contra esa legalidad en las escuelas tendrán que asumir su responsabilidad. No puede ser que el santo y seña de que «sin desobediencia no hay independencia», que escribió en su blog el conseller Marzà, se convierta en el leite motive de la educación valenciana. Se está incumpliendo la ley orgánica de Educación, la ley de la administración local, la que regula la creación de las escuelas infantiles, el Estatuto de Autonomía, la Constitución, la ley del estatuto básico del empleado público, la Llei d’Us y Ensenyament en Valencià…

Esta es nuestra realidad, y desde el Partido Popular no nos cansaremos de denunciarla, en los ámbitos correspondientes, aunque intenten callarnos de todas las formas posibles. No cesaremos en nuestro empeño de defender la libertad y afirmar que la educación no puede estar en manos de gente que, en vez de utilizarla para mejorar la vida de nuestros jóvenes, la utiliza para afianzar el ideario de su partido.

*Diputada autonómica del PP