Castellón tiene pendiente de resolver dos graves afecciones medioambientales en su territorio, dos asuntos que dependen única y exclusivamente de la decisión que tome el Gobierno central. Hablamos del almacén de gas Castor de Vinaròs y su relación de causa efecto con los terremotos sufridos por la comarca del Baix Maestrat; y de las prospecciones petrolíferas que amenazan las islas Columbretes.
El Instituto Geológico y Minero de España también relaciona los seísmos registrados en septiembre y octubre en el entorno del Castor, con la inyección de gas en la planta. Exactamente lo mismo que el informe del Instituto Geográfico Nacional, que concluía que hay una “relación directa” entre los más de 400 seísmos que se produjeron en el norte de Castellón y sur de Tarragona con la inyección de gas. Ambos informes realizados a petición del Ministerio de Industria.
Y el Ejecutivo de Rajoy ha dado el visto bueno a la búsqueda de petróleo en Canarias, una mala noticia para las aspiraciones de Castellón, que teme que esa decisión siente precedente y afecte a nuestro territorio. Dos patatas calientes en manos del Gobierno, que cuenta con el rechazo frontal de políticos y sociedad civil. Por eso, la decisión sobre ambas cuestiones no debe demorarse más.
