Alrededor de 15.000 familias castellonenses tienen sus cuentas bloqueadas y no pueden acceder al mucho o poco dinero que puedan ingresar. Es así por las deudas acumuladas: impagos de créditos, tarjetas sin saldar... Para situaciones como estas se puso en marcha una Ley de la Segunda Oportunidad que ha quedado vacía de contenido, en Castellón, con solo 12 particulares y siete autónomos acogidos a esta presunta tabla de salvación para mejorar las opciones de salir adelante, pero también en el resto de España, donde la opción no cala en la sociedad.
La economía mejora en el ámbito de las macro cifras, con crecimientos sensibles del PIB y cada vez más ratios que vuelven a los niveles precrisis, incluidas las tasas de desempleo y el número de parados que engrosan las listas de inscritos en búsqueda de un trabajo. Al menos es así en el trazo grueso de los datos oficiales.
Sin embargo, algunos de los peores indicadores que engordaron durante la dura y prolongada recesión mantienen volúmenes más que preocupantes. Un ejemplo es el de los castellonenses que pierden sus casas. Fueron un total de 717 familias las que se vieron en esa situación durante el último ejercicio económico.
La clave sobre la que este diario ha alertado en más de una ocasión está en que los nuevos contratos que se realizan, si bien son más, muchos más que hace relativamente poco tiempo, también son por periodos breves, en un mercado laboral en el que se ha instalado --parece que para quedarse-- la temporalidad; y, sobre todo, con salarios que ponen muy difícil la emancipación de los jóvenes o hacer frente al alquiler --los impagos de la renta centran ahora los desahucios--. Los sueldos aún viven la crisis.
