La celebración del Primero de Mayo coincide este año con una serie de noticias que ponen en evidencia los grandes retos del trabajo en este momento. Los últimos resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) han vuelto a poner en evidencia la fragilidad del empleo en España. El crecimiento económico se traslada muy lentamente a la creación de puestos de trabajo y casi imperceptiblemente a la mejora de las condiciones laborales, tanto en términos de estabilidad como de retribución. Esta lamentable situación del mercado de trabajo, que a diferencia de los beneficios empresariales ni tan siquiera ha vuelto a los niveles anteriores a la crisis que ya no eran buenos, lastra además el crecimiento económico, como ha reconocido hasta la CEOE en el caso de los salarios, y mina el Estado del bienestar, como advierten diversos organismos internacionales.
En este contexto resulta ciertamente paradójica la pasividad en este tema de Gobierno y oposición en la legislatura puesta en marcha finalmente en enero, hace ya cinco meses. El ejecutivo de Rajoy ha logrado en este tema mantener una política continuista a pesar de estar en minoría. Y la oposición, que tan envalentonada estuvo dentro y fuera del Parlamento contra la última reforma laboral que se hizo con el único amparo de la mayoría absoluta del PP, ha sido incapaz hasta ahora de forzar cambios en un asunto que todo el mundo considera crucial para salir definitivamente de la crisis económica y social en la que sigue inmersa España a pesar de las brillantes cifras macroeconómicas que exhibe el Gobierno del Partido Popular.
El trabajo no puede seguir en nuestro país como está hoy en día. No puede seguir bajando la población activa mientras los ocupados son cada vez más precarios y peor pagados en relación a su formación. No podemos seguir con una legislación laboral hecha sin el acuerdo de los grandes agentes sociales porque condena a las relaciones laborales a la permanente judicialización, especialmente cuando las empresas la aplican unilateralmente desatendiendo sus propios acuerdos con los trabajadores. España no se puede permitir esta situación de su mercado laboral porque así ni puede asegurar un crecimiento estable ni un Estado del bienestar sostenible. Este camino lleva a medio plazo no solo a la quiebra social sino también a la económica.
