Durante los últimos años se ha venido produciendo un claro cambio en la percepción social del medio ambiente y su cuidado. La sociedad ha aprendido que el medio ambiente es un bien común y que, por tanto, la responsabilidad sobre su cuidado y conservación también es común e incumbe a todos. Así pues, no es extraño que paulatinamente, la sociedad haya venido ejerciendo presión sobre sus gobernantes que se ha traducido en una creciente presencia del medio ambiente en la política a todos los niveles: instituciones europeas, gobiernos nacionales, comunidades autónomas y ayuntamientos.
La Unión Europea considera la protección ambiental como una política rectora comunitaria con un claro enfoque a la prevención, conservación y mejora del medio. En este sentido, desde las instituciones europeas se han venido realizando importantes esfuerzos para establecer los mecanismos necesarios de acción preventiva en materia de contaminación de origen industrial. En esta línea, se han aprobado una serie de directivas comunitarias entre las que se encuentra la relativa a la prevención y control integrados de la contaminación que se acaba de incorporar a nuestro ordenamiento gracias al esfuerzo de la Conselleria de Territorio y Vivienda.
La ley redefine, reestructura y clarifica el sistema autorizatorio ambiental vigente en la Comunidad Valenciana, con el objeto de implantar un nuevo modelo de intervención administrativa ambiental. Un modelo que, por un lado, adopta un enfoque integrado y preventivo en el tratamiento de la contaminación y, por otro, reduce drásticamente los procesos burocráticos que el administrado soporta para poder poner en marcha y funcionamiento una actividad. En el caso de Castellón, la ley tiene un especial interés puesto que de las 397 empresas que estarán sujetas a la nueva normativa en la Comunidad Valenciana, 200 son de esta provincia, donde la industria cerámica destaca por su importancia. Siguiendo con los datos, hoy en día, del total de 30 empresas que en la Comunidad cuentan con la autorización ambiental integradas, 25 son de Castellón.
La Ley de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental de la Comunidad Valenciana ha sido ampliamente consensuada entre la Conselleria de Territorio y Vivienda y el sector empresarial que ha participado activamente con numerosas sugerencias que han sido incorporadas a la norma en la inmensa mayoría de los casos. En definitiva, la ley supone importantes mejoras.
La primera y más importante será la mayor calidad de vida de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana gracias a la mejora de las condiciones medioambientales: calidad del aire, del agua, del suelo, disminución de los residuos, eliminación de los vertidos contaminantes... Esta ley será el principal instrumento para establecer los más elevados parámetros de calidad medioambiental y, además, introduce los principios más avanzados del desarrollo sostenible como el principio de "el que contamina, paga" y el principio de prevención y lucha contra la contaminación en origen, evitando que se produzca.
Por otro lado, desde el punto de vista empresarial, la nueva ley supondrá una clara mejora de la eficiencia y la competitividad del sistema productivo de la Comunidad Valenciana. Ante la consideración de que cualquier tipo de contaminación que esté por encima de los máximos establecidos en la legislación es un síntoma de ineficiencia, las mejoras ambientales necesarias para cumplir la norma supondrán un mecanismo de innovación y competitividad que supondrá un mejor posicionamiento en el mercado y una expulsión de quienes no respeten la norma.
Desde el punto de vista de la administración, la Comunidad Valenciana se convierte en pionera en España en la aplicación de un nuevo modelo de intervención administrativa ambiental que cuenta con tres instrumentos básicos: la autorización ambiental integrada, que va dirigida a regular las actividades de mayor potencial contaminador; la licencia ambiental, para actividades de impacto ambiental moderado; y la comunicación ambiental, para actividades inocuas y de escasa incidencia ambiental.
La Ley supondrá una importante simplificación de los trámites para los administrados que reducirá tanto los plazos como los costes de transacción a las empresas. Gracias a la ventanilla única que se constituirá, el periodo necesario para la obtención de permisos se reducirá de dos años a diez meses. Y es que el empresario podrá presentar simultáneamente toda la documentación necesaria para obtener todos los pronunciamientos sectoriales en una única resolución. Y no solo para sectores de competencia autonómica, sino también a los de competencia estatal.
La ley ha supuesto un importante esfuerzo de integración normativa y no se queda en la regulación de los trámites de concesión de autorizaciones. Para garantizar el control y la inspección de las actividades, cuenta con un apartado de disciplina ambiental que garantiza el seguimiento, control y sanción a las infracciones que se puedan cometer, con la consiguiente reparación del daño efectuado.
En definitiva, hablamos de una norma moderna y renovadora que supondrá importantes ventajas para toda la sociedad estableciendo un procedimiento que, de forma sencilla, clara y transparente, permitirá controlar medioambientalmente todo tipo de actividades susceptibles de afectar al medio ambiente. En otras palabras, la la Ley de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, constituye un modelo pionero en España que permitirá mejorar las condiciones medioambientales de los ciudadanos de la Comunidad previniendo y evitando la contaminación en origen.
Presidente de Ecofira
