Antes de la crisis económica, el porcentaje de la matrícula universitaria que cubría el estudiante se cifraba en torno al 20% del valor real. El resto, era subvencionado por el Estado. Desde entonces, el aumento de la aportación individual ha ido ensanchándose hasta llegar a una franja de más del 25%. El encarecimiento progresivo de la matrícula (sin contar los másteres, que aún han subido más) se acentuó en determinadas comunidades a partir de la semiliberalización de las tasas que permitió profundos desniveles que se han ido ampliando año tras año. Al inicio de este curso, la OCU reveló que entre las regiones más baratas (un precio medio de 12,5 euros por crédito universitario) y la más cara, la diferencia estaba por encima del 250%.

Los datos aportados por el Observatorio del Sistema Universitario (OSU), presentados la semana pasada en la Universidad Complutense de Madrid, indican que la Administración ha rebajado su aporte a la universidad, y que el déficit se ha suplido mayoritariamente por la aportación de los estudiantes, que no han aumentado su número, sino que han tenido que pagar más por las tasas, de las más altas de los países europeos. Además, la reducción no solo ha afectado a la docencia sino a los recursos captados en el sector privado para la investigación, resentida ya por la constante disminución del presupuesto público. La universidad española vive momentos críticos y reclama soluciones urgentes y, sobre todo, planificaciones inaplazables de futuro.