Querido/a lector/a, la semana pasada ví a Ximo Puig, el president de la Generalitat Valenciana, volver a exigir una financiación justa para la autonomía valenciana. Pero, repitiendo lo que ya anunció, solicitó de los órganos competentes la reforma de la Constitución. A primera vista, lo de la reforma del sistema de financiación estaba claro. Se trata de aprobar un nuevo modelo con recursos suficientes y repartidos equitativamente entre todas las autonomías, al tiempo que un ajuste más proporcional de las inversiones de los presupuestos del Estado y, también, de que se nos reconozca los déficits de financiación acumulados. En definitiva, se trata de que se posibilite a los valencianos tener unos servicios públicos dignos y ejercer nuestras competencias propias. Es decir, poder existir como autonomía política con capacidad para incidir en nuestro futuro. Por lo tanto, está es una demanda que esta en el derecho y el deber de Ximo Puig.

No obstante, en la otra petición, la de la reforma de la Constitución, cabía la posibilidad de preguntarse si era adecuada para el president. Sobre todo porque los de la derecha decían que no. Pero, es evidente, que la respuesta es sí. Y es que vivimos una etapa que, por la crisis de Cataluña y por la complicada composición del Parlamento que ha roto el juego político que venía del bipartidismo, la acción política está paralizada o, peor aún, nadie lidera nada con garantías de ser aprobado. Circunstancia que pospone soluciones a temas tan urgentes como los que se derivan de lo que se conoce como las cicatrices de la crisis (reforma laboral, brecha salarial, contratos, etc.). Por si todo eso no fuera suficiente, la reforma de la Constitución podría ser un instrumento que ayude a la integración de las gentes y las tierras de España, incluida Cataluña. Así es que, alguien del Estado, y las autonomías son parte esencial, pueden y deben animar la modorra que sufre la acción política.

*Analista político