Este miércoles, 21 de junio, dos trabajadores se enfrentan a un juicio en el que la Fiscalía les pide siete años (sí, han leído bien, siete años) de prisión por haber estado informando a otros trabajadores de los motivos de la convocatoria durante la última huelga general, la del 29 de marzo del 2012.

Estos dos trabajadores, Rubén Ranz y José Manuel Nogales, formaban parte de un piquete en una cafetería cercana al Hotel Ritz de Madrid, que se encuentra en la plaza de La Lealtad. Se empezó a repartir propaganda de la huelga general y en ese momento comenzó un altercado con uno de los camareros, que desembocó en una carga de la policía; con tan mala fortuna que uno de los agentes de la unidad tropezó, y a resultas de ello se hizo una herida en la cabeza. Los trabajadores llamaron al Samur para que atendieran al herido, y ello propició que el jefe de la unidad los acusará de agresión.

Los piquetes han sido siempre herramientas para informar y facilitar que aquellos trabajadores que quieran hacer huelga puedan hacerla, y ¿cuál era el motivo de esta huelga general para que los trabajadores decidiéramos perder un día de salario y de cotización a la seguridad social? Evidentemente era la respuesta a una agresión anterior, la reforma laboral de febrero del 2012, que era la más profunda que sufría el Estatuto de los Trabajadores desde que se aprobó esta norma el 1980, y que aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy abría la puerta a la decisión unilateral del empresario en muchos aspectos de las relaciones laborales (abaratamiento del despido, negociación colectiva, cambios de condiciones sustanciales de trabajo). Ese mismo año el Gobierno aprobaba la amnistía fiscal que el Tribunal Constitucional ha sentenciado recientemente como inconstitucional con argumentos tan graves como que «supuso la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos».

En los últimos años cerca de 300 personas, 89 de ellas de UGT, han sido procesadas por participar en huelgas y piquetes, principalmente por su participación en las huelgas generales del 2010 y 2012, e incluso condenadas a penas de cárcel; ello ha sido posible gracias al artículo 315.3 del Código Penal, apartado que trata de un delito de coacciones a la huelga que no tiene sentido, ya que el propio Código Penal contempla un delito de coacciones y el mantener un tipo agravado para la huelga es contrario a esta como derecho fundamental que consagra la Constitución.

UGT y CCOO registramos en el Congreso nuestra propuesta para derogar el 315.3, redactado durante la dictadura de Franco (de la que algunos parecer ser nostálgicos) y que llevaba sin aplicarse desde entonces hasta las últimas huelgas generales. Una propuesta en ese sentido se aprobó en el Congreso por la mayoría de la oposición el 16 de mayo.

Así a estos dos trabajadores y sindicalistas se les juzga cinco años después de la detención, cinco años que para ellos ha supuesto un verdadero calvario, igual que para sus familias, porque ha supuesto también un juicio y condena social; y no es admisible lo que ellos y sus familias están sufriendo desde entonces, indefensión ante esta situación y el temor por un juicio que finalmente se celebra.

Por todo ello desde UGT vamos a seguir trabajando para la derogación de este artículo 315.3 del Código Penal, que entendemos contrario a la Constitución en cuanto esta reconoce la huelga como derecho fundamental. Y este miércoles 21 de junio nos vamos a movilizar para demostrar nuestro apoyo con una marcha que acompañará a los dos compañeros, Rubén y José Manuel, los dos de la plaza de la Lealtad, que son juzgados por ejercer el legítimo derecho de huelga.

*Secretario Territorial de FeSMC UGT Comarques del Nord.