La Junta de Andalucía asumió la tutela de once de los treinta hijos de un vecino de la localidad granadina de Marchal que supuestamente no los atendía correctamente. Esta actuación contó con el apoyo de la Fiscalía de Menores y la Guardia Civil, que atendió el requerimiento del Ministerio Público para que los trabajadores de los Servicios Sociales no tuvieran problemas al recoger a los menores en colegios de Marchal y de la localidad vecina de Guadix.
Aunque la administración autonómica no ofreció detalles concretos sobre esta intervención, el jefe del Servicio de Protección de Menores, José Antonio Puerta, informó de que la Junta actúa de la misma forma en todos los casos cuando tiene conocimiento de que existen jóvenes que pueden sufrir un maltrato activo o pasivo, por negligencia o se encuentran desasistidos.
El padre, que tuvo 30 descendientes de cuatro mujeres distintas, negó ayer que exista una situación de «desamparo» y aseguró que la retirada de sus hijos es un «secuestro». En este sentido, indicó que viven «bien, con lo suficiente para comer y trabajando honradamente». «Ser pobre no es un delito. Cada uno tiene lo que Dios le da», manifestó tras señalar: «Si algo tengo en este mundo son mis hijos».
