Asociaciones de mujeres han instado este miércoles a suspender la custodia y el régimen de visitas a los padres que hayan sido condenados por violencia machista, una medida "prioritaria" que está recogida en la ley contra la violencia de género, pero que "los jueces no están aplicando".
Así lo han expresado distintas organizaciones de mujeres en la semana en la que un hombre, sobre el que pesaba una condena por maltrato a su exmujer, ha sido detenido por secuestrar a sus dos hijos menores en Granada. El propio Instituto Andaluz de la Mujer pidió que se desarrollara el pacto de Estado para evitar la desprotección de los niños.
"Existe la posibilidad de suspender el régimen de visitas cuando hay violencia de género, pero en la práctica no se está aplicando", ha señalado la abogada de Women's Link Elena Laporta, que ha añadido que son los jueces quienes en cada caso concreto determinan este tipo de medidas.
Maltratador como padre
Para la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, la protección de los menores "es una de las grandes lagunas" y "cuesta mucho trabajo cambiar las mentalidades de aquellos que tienen que aplicar la ley". "Todavía piensan que un maltratador no tiene por qué ser un mal padre, por tanto no limitan el régimen de visitas, la concesión de custodias, la patria potestad, etcétera", ha lamentado.
Si bien el Pacto de Estado contra la Violencia de Género también contempla medidas relativas a la suspensión de custodia y del régimen de visitas a los maltratadores, las expertas han advertido de que aún son necesarios cambios legislativos para que estas medidas tengan un carácter "inmediato y obligatorio".
"No sabemos cómo se va a hacer", ha matizado Besteiro, quien ha propuesto una privación de las custodias e incluso la prohibición del régimen de visitas, no sólo cuando exista una condena, sino también como medida cautelar.
Besteiro ha reclamado, además, que se permita a los menores que reciban tratamiento psicológico sin necesidad del consentimiento paterno y ha pedido una mayor formación en violencia machista para todos los actores implicados en estos procedimientos judiciales.
