Cada año más de 400.000 personas mueren prematuramente en la Unión Europea debido a enfermedades y dolencias relacionadas con la contaminación atmosférica, con un coste multimillonario para las arcas públicas. La normativa y las políticas europeas han contribuido en los últimos años a reducir las emisiones contaminantes pero los progresos son dispares y hay Estados miembros que incumplen las normas de la UE o no han tomado medidas suficientes.

El aviso figura en un informe publicado este martes por el Tribunal de Cuentas Europeo sobre la contaminación atmosférica aunque la alerta no es nueva. De los 28 Estados miembros solo hay 8 que no tenían (a fecha de abril) abierto ningún procedimiento de infracción por incumplir la directiva sobre la calidad del aire. Es el caso de Estonia, Irlanda, Croacia, Chipre, Lituania, Malta, Holanda y Finlandia. El resto de Estados miembros, incluida España, se enfrentan a requerimientos de Bruselas o dictámenes motivados. En el caso español, concretamente, a dos por superar los límites tanto en materia de partículas suspendidas como de dióxido de carbono.

“El control ejercido por la Comisión tiene sus límites” y, hasta el momento, no han logrado garantizar que “los Estados miembros cumplan los límites de calidad del aire establecidos en la directiva”, alertan los auditores. El documento recuerda que las normas sobre calidad del aire son de hace casi veinte años, que algunas de ellas son menos estrictas que las de la Organización Mundial de la Salud y que existe el riesgo de que se haya subestimado la contaminación atmosférica al no haberse controlado en los lugares adecuados. “Con frecuencia los planes de calidad del aire no han generado los resultados previstos”, aseguran.

Entre sus recomendaciones para luchar con más garantías contra lo que consideran “un problema acuciante para la salud pública” reivindican una actualización de la directiva sobre calidad del aire, que data del año 2008, priorizar la política sobre calidad, mejorar la concienciación y la información entre los ciudadanos y que la Comisión Europea ponga en marcha medidas más eficaces.