Abolidas las corridas de toros en Cataluña, el horizonte de los antitaurinos se ha despejado. Sus miradas se dirigen ahora hacia los correbous. El primer paso de gigante del camino que las entidades animalistas esperan que acabe en la prohibición ya se ha dado: las asociaciones Anima Naturalis, Pacma y Actyma han preparado -y en algunos casos, presentado- un paquete de denuncias contra siete municipios de Tarragona por supuesto incumplimiento de la ley que regula este tipo de festejos. Los antitaurinos admiten que las reclamaciones -que se tramitarán por la vía civil ante las diversas administraciones competentes- forman parte de una estrategia de desgaste contra los bous para minar su arraigo.

“Nuestro próximo objetivo es la abolición de los correbous, pero una iniciativa legislativa popular (ILP) no es la mejor fórmula en este caso, a diferencia de lo que se hizo con las corridas”, señala Elena Allué, delegada en Cataluña del partido animalista Pacma. Allué sostiene que en el caso de las fiestas tradicionales con bous, un ataque fulminante como una ILP podría ser contraproducente. Por ahora, la mejor estrategia, consideran los detractores de los correbous, es “sensibilizar a la ciudadanía, manifestándonos y denunciando las irregularidades que se cometen”, dice Allué.

El Pacma, junto a la entidad Anima Naturalis, tienen grabadas esas supuestas irregularidades. Los vídeos sustentarán dos denuncias contra el Ayuntamiento de Camarles, otra contra el de Sant Carles de la Ràpita y una cuarta contra l’Aldea. A ellas se suman las dos ya interpuestas por Actyma contra los organizadores de sendos correbous en Alcanar, uno en Santa Bàrbara y dos en Sant Jaume d’Enveja, y a otras dos preparadas contra sendos bous embolats en Amposta.

Las principales infracciones detectadas consisten en la superación del tiempo reglamentario fijado por la ley para determinadas modalidades, “maltrato intencionado” e incumplimiento de las medidas de seguridad mínimas en las instalaciones preparadas para contemplar diversos espectáculos taurinos. Además, «se cometieron otras infracciones en Amposta y L’Aldea, como que en todos los bous capllaçats que presenciamos había una gran cantidad de menores de 14 años que participaban corriendo tras el toro, y algunos tenían incluso menos de 10 años e iban cogidos de la mano de sus padres”, apuntan los denunciantes. Los ayuntamientos, por su parte, insisten en que cumplen la legislación. H