«No queremos derribar la Watchtower (nombre abreviado con el que se denomina la Watchtower Bible and Tract Society, el cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová ubicado en Estados Unidos), sino tan solo denunciar que esta organización religiosa tiene una política que hace mucho daño a las personas y que, además, es ilegal», explica Trey Bundy, un periodista del CIR (Center of Investigating Reporting) que ha pasado tres años de su vida investigando este credo.

Bundy ha impulsado en Londres un encuentro internacional de abogados, policías, extestigos activistas, víctimas y periodistas procedentes de 9 países que han contribuido a revelar lo que ocurre dentro de la organización.

Hasta la fecha, solo el Gobierno australiano ha investigado a fondo esta organización. La Royal Comissión concluyó que en la comunidad australiana de los Testigos, formada por 68.000 feligreses, se habían silenciado más de 1.000 abusos a menores cometidos durante los últimos 60 años.

En Inglaterra se ordenó a la Charity Commision que inspeccionara a los Testigos, que recurrieron la decisión hasta que el Tribunal Supremo la desestimó definitivamente, instante en el que la organización dio orden de destruir documentación sensible. Más expeditiva en sentido contrario ha sido Rusia, que acaba de prohibir esta organización religiosa. España, de momento, no ha movido ficha.