El comisionado para los derechos humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, ha apremiado a los gobiernos de los estados miembros a que acaben con los mecanismos legales que permiten la incapacitación jurídica plena de las personas con discapacidad intelectual.
En un artículo titulado Las personas con discapacidad intelectual y psicosocial no deben ser privadas de sus derechos individuales, Hammarberg aboga, en esta línea, por dotar de más apoyos a los ciudadanos con este tipo de discapacidades para que puedan desarrollar derechos como el voto o decidir dónde quieren vivir libremente.
Y es que, según el comisionado, los europeos con discapacidad intelectual o psicosocial están sometidos en muchos países a un régimen de tutela tan severo que les priva de su capacidad jurídica y que hace, por tanto, que a ojos de la ley no sean personas tal y como sí son el resto.
COMO un MENOR DE EDAD // También en España la incapacitación es el mecanismo jurídico previsto para aquellos casos en que enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico impiden a una persona gobernarse por sí misma. Esta resolución declarará la incapacidad total en el caso de que se aprecie que el demandado no es capaz de cuidar de su persona, ni de administrar sus bienes. En la práctica, un adulto vuelve a ser considerado como un menor de edad que necesita la tutela de otra persona, como es el caso de muchas pacientes de parálisis cerebral. H
