La pretensión del Partido Popular de poner coto a la indisciplina que, a su entender, se ha desatado en las escuelas y, sobre todo, en los institutos llega finalmente al Congreso. Los docentes serán autoridades públicas en toda España.

Será el próximo martes, mediante una proposición no de ley que plantea la actualización del decreto que regula los derechos y deberes de los alumnos, un texto de 1995 que, según el PP, ha quedado superado por la realidad. “Pese a los reglamentos internos de cada centro o las normas de convivencia de determinadas comunidades autónomas, sigue haciéndose uso de los teléfonos móviles en el aula”, constata la propuesta parlamentaria de los populares.

Esta será ya la tercera vez que el PP impulsa una propuesta para modificar la normativa. Esta vez, su mayoría absoluta les garantiza que la proposición prosperará. Se trata, dijo ayer el portavoz del PP, Alfonso Alonso, de ajustar la autoridad del profesor “a los tiempos que corren”. H