La previsión de la LOMCE de establecer pruebas externas a nivel estatal lleva aparejada la creación y difusión en internet de un ránking de los centros educativos de acuerdo con sus resultados. El equipo del ministro de Educación, José Ignacio Wert, la defiende en aras del “fomento de la transparencia y la competencia” y la rendición de cuentas, y “para facilitar el ejercicio de la libertad de elección a las familias”. Pero se encuentran con el rechazo frontal de Andalucía, Cataluña, Canarias, País Vasco y padres y sindicatos de izquierda, que recuerdan que la prohíbe expresamente el artículo 140 de la ley orgánica de Educación (LOE), del 2006, porque deteriora el sistema en su conjunto, tirando para arriba de algunos colegios pero dejando en la cuneta a muchos otros. El proyecto de ley presentado por Wert suprime la prohibición.

ENSAYO // La medida, que figura en los programas del PP desde hace años, ya se ha puesto en práctica en la Comunidad de Madrid, donde se realizan desde el 2005 exámenes externos a los colegios públicos, concertados y privados. El Gobierno autonómico madrileño difunde los resultados de cada centro, lo que conlleva la publicación en los medios de comunicación de un ránking que las familias pueden consultar para orientarse sobre dónde matricular a sus hijos.

El ránking “agravará las desigualdades y la fractura social. Es inaceptable en las etapas obligatorias”, asegura el Consell Escolar de Cataluña, al tiempo que previene de que “puede comportar el interés de los centros por seleccionar a su alumnado o expulsarlo lo antes posible para que no contamine los resultados”. “No es una medida para mejorar la calidad”, subraya. La Junta de Andalucía estima que con esta reforma se implantará en los centros una “cultura empresarial muy agresiva”. Para hacerle frente prepara un decreto que regule las distintas evaluaciones y fije que los resultados “no podrán ser utilizados para valoraciones individuales del alumnado o para establecer clasificaciones de los centros o del profesorado”. H