Las primeras denuncias sobre bebés robados en España llegaron al Parlamento Europeo hace un lustro. Aunque las competencias europeas son limitadas, el asunto no ha pasado desapercibido y los eurodiputados de la comisión de peticiones acaban de aprobar un informe en el que urgen al Gobierno a tomar medidas para crear una fiscalía especializada y un banco público de ADN que facilite la identificación de víctimas, según la ponente del informe, Jude Kirton-Darling. RD
