Cuando Carmen, una anciana de 85 años desahuciada en el barrio madrileño de Vallecas, saltó el pasado noviembre a los medios de comunicación, muchos se sorprendieron. No era un banco el que estaba detrás del desahucio, sino un prestamista.

La solidaridad del Rayo resolvió esa situación, pero el paso de los meses ha demostrado que no se trataba de un caso aislado. Un aluvión de estafados están perdiendo las casas por créditos de importes ridículos a manos de modernos usureros.

“Cuando al principio de la crisis los bancos empezaron a dejar de dar crédito tomaron el relevo una miríada de chiringuitos financieros que practican todo tipo de abusos”, relata Fernando Herrero, el portavoz de Adicae, que ha llevado a cabo un riguroso estudio sobre lo que ellos llaman “minipréstamos y préstamos rápidos”, la gran mayoría anunciados profusamente en televisión e internet. ¿Su conclusión? “El 99% son usura. Luego podríamos hablar de publicidad engañosa, de información insuficiente o llegar al capítulo de las estafas”, señala Herrero. El TAE puede llegar a alcanzar el 4.000% en los créditos más pequeños. Dicho de otro modo, si a usted le prestan 100 euros, al cabo de un mes tiene que devolver 138. Luego vienen los intereses de demora, las comisiones o los productos asociados, como el seguro de impago. Los abusos más pequeños ni siquiera suelen llegar a los tribunales porque el importe no compensa.

Lo que si está llegando a los tribunales son los casos en los que está en juego la casa del deudor. Varios prestamistas están acusados de estafa en toda España sin que hasta ahora la gran mayoría de los perjudicados hayan obtenido una respuesta satisfactoria.

Los afectados se han agrupado en asociaciones como Stop Estafadores o la Asociación de Estafados Víctimas Financieras (Adevif).

En el punto de mira de gran número de afectados está la red del considerado el mayor usurero de España, Antonio Arroyo Arroyo, un exinterventor del Banco de España que a través de empresas interpuestas o testaferros ha logrado hacerse con más de 500 viviendas. Detenido tres veces, nunca ha pasado de la categoría de presunto a la de culpable.

Carlón Galán, abogado de Stop Estafadores, define así su modus operandi: “Con una madeja de mentiras y promesas incumplidas consiguen que la víctima firme ante notario una hipoteca con un capital superior al que realmente recibe, con un plazo de devolución brevísimo, que cuando expira acaba en la subasta de la casa a un precio irrisorio”. Así logran su único objetivo: hacerse con la casa del infortunado.

Así como en los desahucios hipotecarios los bancos se han visto frenados por una sentencia europea y por la movilización social, los prestamistas campan a sus anchas. “No hay inspecciones de oficio, la mayoría de registros autonómicos donde deben inscribirse estas empresas ni siquiera se han creado y si llega a imponerse alguna multa, es ridícula”, remacha Herrero. H