Debate jurídico, por una parte, y ofensiva contra la decisión del Ayuntamiento de Rasquera (Tarragona) de firmar un convenio con la Asociación Barcelonesa de Cannabis de Autoconsumo (ABCDA) para permitir el cultivo de marihuana en siete hectáreas de terreno. La Fiscalía de Tarragona ha abierto unas diligencias informativas en relación con el acuerdo municipal aprobado el pasado miércoles, mientras que la Abogacía del Estado está estudiando impugnar la decisión del consistorio al estimar que hay delito.
La controversia está en su punto álgido. En España no está penalizado el consumo de cannabis, pero el Código Penal castiga con penas hasta seis años de cárcel a quienes “cultiven, elaboren o trafiquen” con drogas ilegales (la marihuana así está calificada). Fuentes jurídicas apuntan que la jurisprudencia lleva a pensar en pequeñas cantidades no en un cultivo masivo, como es el caso de Rasquera, con una extensión de siete hectáreas de terreno. La Fiscalía de Tarragona es quien deberá dilucidar este asunto.
En una conversación telefónica mantenida ayer con el alcalde de Rasquera, Bernat Pellisa, la delegada del Gobierno en Cataluña, María de los Llanos de Luna pidió la documentación, expedientes e informes del proyecto, con el objetivo de que sean examinados por la Abogacía del Estado. H
