Frente a la tempestad de críticas de la oposición, de los afectados e incluso de la empresa concesionaria, el Gobierno siguió ayer eludiendo cualquier tipo de responsabilidad por el caos generado en la nevada que atrapó hasta las 20 horas a más de 3.500 vehículos en la AP-6. El Ejecutivo solo ha cambiado el objetivo de sus críticas. Si el domingo cargó contra los conductores, por hacer caso omiso a las recomendaciones, este lunes lo hizo contra Iberpistas, la filial de Abertis que gestiona el tramo de peaje.

Tanto algunos ministros como el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, insinuaron una petición de «disculpas» en nombre de «todos los que hayamos podido fallar», pero acto seguido cargó contra Abertis, «la primera a la que hay que pedir explicaciones». «Donde no ha habido problemas es en las autovías dependientes del Estado y sí en una autopista privada», señalaron diversos portavoces haciéndose eco del argumentario elaborado por el PP para la ocasión.

El ministerio de Fomento ha abierto un expediente informativo sobre la actuación de la concesionaria pero los precedentes no invitan al optimismo. La medida puede quedarse en una mera cortina de humo si ocurre como en casos similares que el expediente se cerró sin ninguna sanción.

CONCESIONARIA // Ante las acusaciones del Gobierno la concesionaria ha respondido con contundencia, destacando que había pedido las primeras restricciones al tráfico desde a una hora tan temprana como las cinco de la tarde del sábado y dejando entrever que Tráfico no las había ejecutado. La directora general de Abertis, Anna Bonet, admitió que a la empresa le corresponde solicitar el cierre y la apertura de la autopista, pero ha precisado que «la ejecución es responsabilidad de la dirección general de Tráfico».

Gregorio Serrano se ha convertido en el blanco de las críticas. Él mismo admitió que el sábado coordinó el operativo desde el despacho de su casa en Sevilla.

El PSOE ha pedido su cabeza por la «desastrosa gestión» y se reserva la posibilidad de pedir las dimisiones de los ministros de Fomento, Íñigo de la Serna, e Interior, Juan Ignacio Zoido, una vez escuche sus explicaciones en el Congreso. El primero ya ha anunciado que comparecerá mañana, pero no parece que Zoido esté dispuesto a seguir sus pasos.

Además del PSOE, también Ciudadanos y Unidos Podemos, han pedido las comparecencias.

A la vista de testimonios de afectados y de las versiones facilitadas por el Gobierno y la concesionaria parece claro que se cometieron tres errores graves en la gestión de la crisis: la falta de advertencias a los conductores, el retraso en cerrar la autopista y, sobre todo, la falta de asistencia a los que habían quedado atrapados. La Unidad Militar de Emergencias (UME), la que a la postre acabó con el caos, no llegó a zona cero hasta nueve horas después de que empezara la nevada.

Hasta las dos de la madrugada del domingo los primeros soldados no empezaron a llegar a los coches. Se enviaron 240 efectivos, a todas luces insuficientes para la tarea titánica encomendada. Los que tuvieron suerte recibieron ayuda a partir de esa hora, pero los más alejados no la recibieron hasta bien entrada la mañana pese al ingente esfuerzo de los militares y de la Guardia Civil, que sacaban la nueve a paladas.