Aunque el PSOE fue uno de los partidos que presentaron el recurso de inconstitucionalidad contra la prisión permanente revisable y este mismo partido embistió al PP por endurecer el Código Penal hasta prácticamente introducir en España una pena similar a la cadena perpetua de otros países, el Gobierno de Pedro Sánchez no derogará la polémica condena sin esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la impugnación, interpuesta en el 2015.
El PP aprovechó la primera sesión de control al nuevo Ejecutivo, para interpelar a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, sobre el futuro de una de sus medidas estrella, de la que ha hecho bandera para diferenciarse de Ciudadanos en su lucha por el voto conservador.
Delgado contestó a la diputada Esther Muñoz que el Ejecutivo introdujo la pena «sin consenso alguno». «Eso nos llevó al recurso de inconstitucionalidad y ese es el marco en el que nos encontramos, porque hay que legislar con la razón y los derechos humanos», precisó. Fuentes de su departamento explicaron después que si el TC se pronuncia esta legislatura y declara inconstitucional la prisión permanente, el Gobierno la eliminará del Código Penal. Delgado aclaró que el Ejecutivo asume los argumentos del recurso, al entender que es una condena «inhumana» que impide la «resocialización, la reinserción y reeducación» del reo.
