El presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, ha lamentado que «la Inquisición gay haya impuesto su dictadura», pero ha anunciado que su autobús «secuestrado» y al menos otro vehículo volverán a las calles cubriendo los mensajes prohibidos por el juez por otros «muy llamativos» contra la «ideología de género». Así lo aseguró ayer jueves el propio Arsuaga después de que el juez de primera instancia número 42 de Madrid haya prohibido circular el autobús de la entidad por considerar que sus eslóganes denigran a los menores transexuales.

Pese a ello, la asociación ultracatólica, que recurrirá esta decisión, ha decidido cubrir con un vinilo los mensajes que ha prohibido el magistrado: «Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo». Sobre el mismo pondrán otros que aún están decidiendo y confían en que, a partir hoy pueda volver a circular el autobús. Además, sumarán otro vehículo cuando se resuelva el recurso que la asociación piensa interponer contra el auto del juez. La organización presentará una querella por injurias y calumnias contra todo el que estos días haya atentado contra su «libertad de expresión», entre ellos el Ayuntamiento de Madrid.

El anuncio llega después de que el juez haya acordado como medida cautelar la prohibición de circulación del autobús de Hazte Oír hasta que retire el mensaje contra la transexualidad. Así se indica en un oficio con fecha del miércoles, tras recibir el escrito de la Fiscalía Provincial de Madrid que solicitaba precisamente esta medida cautelar.

En su escrito, se decreta la prohibición de circular del autobús al entender que su mensaje «no se limita a exponer» el ideario del colectivo, sino que se dirige a personas con una orientación sexual «distinta» para lesionar su «dignidad». El Ayuntamiento de Madrid ya procedió esta semana a inmovilizar el autobús que pretendía recorrer las calles de la ciudad.

El juzgado expone en su resolución judicial que «del tenor literal de la publicidad no se infiere racionalmente que se esté públicamente fomentado, promoviendo o incitando directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo por razón de orientación o identidad sexual de sus componentes». No obstante, el magistrado sí considera que la campaña en cuestión puede suponer un «menosprecio» a este colectivo por no reconocerles su «orientación sexual».