Mayoría y minoría del Congreso italiano han aprobado la primera ley que impone la introducción de circuitos cerrados de televisión en guarderías, parvularios y escuelas elementales así como residencias para ancianos y minusválidos, tanto si son públicos como privados.
La norma apunta a atajar los numerosos casos de violencia física y psicológica denunciados en los últimos años, cuyo aumento ha provocado una verdadera conmoción nacional. En algunos casos, niños pequeños eran castigados con encierros en habitaciones oscuras, bofetadas, puntapiés, tirones de orejas, prohibición de comer o de acudir al lavabo. Los ancianos y minusválidos padecían humillaciones similares. Hasta hoy eran las autoridades policiales las que instalaban cámaras ocultas, pero solo tras recibir alguna denuncia.
Las instalaciones han de estar listas en seis meses pero deberán contar con el acuerdo de los sindicatos unitarios de la escuela (las tres principales centrales obreras) y, de forma subsidiaria, con la de inspectores de trabajo.
Según la ley, las cámaras de los circuitos de televisión no deberán ser visibles, aunque quienes frecuenten los locales deberán estar informados sobre su presencia. Las imágenes grabadas serán encriptadas con una doble clave y podrán verlas solo el fiscal que reciba una eventual denuncia y los agentes que la policía judicial delegue para cada caso.
En los centros de enseñanza públicos, la responsabilidad económica y de gestión de las mismas será de los ayuntamientos. Para los centros residenciales públicos de ancianos y minusválidos los responsables de las cámaras serán los Centros de Atención Primaria territoriales, que tienen asignadas muchas competencias al margen de salud. Las escuelas privadas deberán sufragar por sí mismas los gastos de instalación pero deberán pasar las imágenes a un centro de salud para su control.
PROHIBIDO EL CONTROL A DISTANCIA
La Autoridad para la Protección de Datos ya había considerado ilegal que los padres de los alumnos pudieran acceder en tiempo real a las imágenes de sus hijos en el centro, a través de una aplicación en los móviles, como se había empezado a hacer en una guardería de la ciudad de Ferarra, en el noreste de Italia. La ley aprobada reafirma dicha ilegalidad, al considerar que "la tutela de la personalidad y privacidad de los niños constituye un bien fundamental de la persona, superior al respeto del derecho a la seguridad".
Los administradores locales deberán acordar, con los directores de escuela, los horarios de funcionamiento de las cámaras y el lugar de conservación de las imágenes, que en ningún caso podrán grabar las inmediaciones de los edificios, sino solo el interior de los mismos.
"Se trata de normas no solo útiles para reglamentar lo que ya hace en algunas guarderías y parvularios sino, sobre todo, para que las investigaciones avancen más rápido cuando se señale un posible delito", ha comentado Gabriella Giammarco tras la aprobación de la ley, primera firmante de lo que en 2008 era solo un proyecto. Progresistas y conservadores han votado a favor de la norma. "Estoy muy satisfecha", subraya Giammarco.
