La resolución de la controversia médica sobre la niña gallega con una enfermedad degenerativa cuyos padres reclaman que se la deje morir se acelera. El titular del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santiago, Roberto Soto Sola, se personó ayer al mediodía en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) en compañía de un forense y una secretaria judicial para visitar a la pequeña en presencia de sus padres. El juez había encargado poco antes al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) un informe urgente para determinar si Andrea, de 12 años, se encuentra en un estado “irreversible, incurable y terminal” y decidir si atiende o no la petición de los padres, que han denunciado un “encarnizamiento terapéutico” con su hija y reclaman que le sea retirado el soporte vital (la sonda) por el cual recibe nutrientes en el estómago, una demanda que ayer formalizó su abogado en el juzgado.
El juez ha pedido asimismo al médico de Justicia que determine si el tratamiento pautado por el servicio de Pediatría del hospital “es extraordinario o desproporcionado” teniendo en cuenta las perspectivas de evolución de la paciente y si le “produce dolor y/o sufrimiento desmesurado”.
El propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, avanzó ayer que la resolución sobre el caso será “pronta”, un plazo que el abogado de la familia, Sergio Campos, considera que no excederá los “siete o diez días”. De momento, el juez ya ha citado a los padres y a los representantes del hospital para el lunes.
Sobre la mesa del despacho del juez ya figuraban ayer el historial clínico completo de la menor, un informe adicional del jefe de pediatría del hospital compostelano y el que a petición de los padres realizó el pasado 14 de septiembre el Comité de Ética Asistencial del Servicio Gallego de Salud. Este último documento respalda la solicitud de los progenitores, al recomendar la retirada de la medida de soporte vital a la menor. H
