El Parlamento Europeo ha recibido una petición suscrita por 2,4 millones de personas en defensa de un internet abierto y libre y contra la ratificación del polémico tratado internacional antipiratería ACTA. El tratado negociado en secreto por la Comisión Europea con EEUU, Japón, Canadá, Corea del Sur y otros países tropieza con una creciente oposición en la Unión Europea (UE) y numerosos estados han anunciado la suspensión del trámite de ratificación.

Los detractores del tratado ACTA afirman que otorgará a las compañías y a los estados un poder de censura y de control de todo lo que hacen los ciudadanos en Internet bajo la cobertura de la protección de los derechos intelectuales de las empresas audiovisuales.

El tratado ACTA fue suscrito formalmente por la Comisión Europea en nombre de la UE el pasado 26 de enero, pero para entrar en vigor necesita que sea ratificado por el Parlamento Europeo y por cada uno de los 27 países miembros de la UE.

Inicio de la tramitación en la Eurocámara

La Eurocámara inicia esta semana la tramitación del polémico acuerdo internacional comercial contra la copia fraudulenta (ACTA) con los primeros debates en comisión parlamentaria y las primeras audiciones de expertos.

El objetivo oficial del tratado es luchar contra la copia fraudulenta y la piratería de la propiedad intelectual en todos sus ámbitos. Pero sus críticos denuncian que pisoteará los derechos de los ciudadanos (libertad de expresión y comunicación y protección de los datos personales) y permitirá a las autoridades aduaneras verificar el contenido de los aparatos electrónicos de los viajeros.

Las organizaciones opuestas al ACTA señalan también que perjudicará a los programas informáticos gratuitos (dificultará su distribución y no permitirá que las obras con derechos digitales puedan verse con free software), y limitará el desarrollo de medicamentos genéricos.

Muchas cuestiones peligrosas

El ponente parlamentario del informe sobre el tratado, el socialista británico David Martin, ha destacado que hay muchas cuestiones sin resolver sobre cómo afectará el tratado a las libertades fundamentales y al uso abierto de Internet. Martin ha explicado que el tratado "impone claramente obligaciones a los proveedores de Internet”, que podrían forzarles a un control exhaustivo de los que hacen los ciudadanos y los archivos que manejan. Otro de los problemas, ha reconocido Martin, es el control que autoriza de la propiedad intelectual en las fronteras.

Ante el temor de que la Comisión Europea intentar una consulta jurídica descafeinada ante el Tribunal de Justicia de la UE que busque únicamente avalar el tratado que ella ha promovido y firmado, el Parlamento Europeo ha indicado que piensa plantear otro dictamen separado al Tribunal Europeo sobre el tratado ACTA que abarque todos los puntos sospechosos del mismo.