Lo que el Ministerio de Educación no se atrevió a plantear inicialmente en el proyecto de ley de mejora de la calidad educativa (LOMCE), lo va a incorporar el PP en el trámite parlamentario de la ley y previsiblemente lo sacará adelante gracias a su mayoría absoluta. Entre las 42 enmiendas que los conservadores han presentado a la reforma del ministro José Ignacio Wert (que hoy se empiezan a debatir en la comisión de Educación del Congreso), se ha colado la posibilidad de que la Administración ceda suelo de titularidad pública para la construcción de escuelas privadas concertadas. Esta medida, no prevista en el texto de Wert, supone el espaldarazo de la LOMCE a los intereses de la escuela privada. La oposición y los sindicatos denuncian que esto supondrá el desmantelamiento del sistema escolar público.

El PP justifica esta enmienda (“las administraciones educativas podrán convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional”, dice el texto), diciendo que dará “mayor flexibilidad a la gestión de las administraciones educativas”. En definitiva, otorgará cobertura legal plena en toda España a una iniciativa liderada por los sectores más ultraliberales del partido en varias autonomías, como la valenciana y sobre todo Madrid.

En esta última comunidad, el modelo impulsado por la expresidenta Esperanza Aguirre ha permitido construir en los últimos años casi 90 centros privados concertados en parcelas públicas. Los sindicatos calculan que se han cedido más de un millón de metros cuadrados. La Comunitat Valenciana se sumó a la fórmula en el 2011 pero todavía no ha construido ninguno de la docena de centros proyectados.

Francisco García, secretario de Enseñanza de CCOO, y Mario Bedera, portavoz parlamentario del PSOE, consideran que este modelo supone una peligrosa deriva hacia la privatización y pone en peligro la equidad al permitir la segregación del alumnado por estrato social y económico. “Poner suelo público a disposición de los colegios privados es abrir la espita a que la enseñanza pública se subordine a la privada”, sentencia Bedera.

Además de facilitar la instalación de colegios concertados en suelo público, la reforma educativa prevé que los conciertos con centros educativos privados se amplíen de los cuatro años actuales a seis. Además, establece que los colegios que segregan a sus alumnos por sexos pueden convertirse en concertados. H