Morirse en España sale como poco por unos 2.200 euros, pero para conseguir ese precio hay que morirse en Cuenca, porque si toca decir adiós en Vigo o en Barcelona la factura se va por encima de los 5.000 euros. El Congreso de los Diputados acaba de dar el primer paso para solucionar estos desfases. El diputado del PDeCAT Ferrán Bel defendió hace dos semanas en la Comisión de Hacienda de la Cámara una proposición no de ley para rebajar al 10 por ciento el IVA de los servicios funerarios, situado en el 21 por ciento desde 2012.

La iniciativa fue aprobada con el PP como único grupo en contra. Bel, en declaraciones a Efe, explica que lo mejor que le puede pasar al sector y a los usuarios (que vienen a ser el cien por cien de los ciudadanos -morirse sigue siendo inevitable-) es que haya una regulación en un sector que en muchas ciudades tiende al oligopolio, cuando no al monopolio. Durante el debate de la proposición, el diputado socialista José Javier Lasarte dio un dato revelador: el 49 por ciento de los municipios españoles cuentan con menos de dos operadores por cada 100.000 habitantes. En Cataluña la situación es aún más acuciante, según este parlamentario: el 82 por ciento de las localidades catalanas de más de 20.000 habitantes dispone sólo de una empresa.

La Asociación Española de Servicios Funerarios (PANASEF), en el informe anual de 2015, precisa que el sector suma 1.435 operadores, de los que sólo cinco facturan por encima de los 50 millones de euros. En otros números, estas cinco empresas abarcan más del 20 por ciento del mercado, en tanto que las 724 que facturan entre 200.000 y un millón de euros ocupan el 13,5 por ciento. Toda esta madeja de cifras se enmaraña más si se repara en la miríada de normas y regulaciones que hay a escalas autonómica y local. A

parte de los permisos previos, se dan requisitos difíciles para las empresas, como la obligatoriedad de disponer de un tanatorio, de un aparcamiento o de un umbral mínimo de féretros. Morirse en España, por tanto, es una carrera plagada de obstáculos para quien quiere dar servicio y para quien ineludiblemente los va a necesitar. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) redactó en 2013 un breve pero exhaustivo informe en el que precisaba cuánto costaban los servicios funerarios en las capitales de provincia. Cuenca (2.261 euros), Santa Cruz de Tenerife (2.397), Las Palmas (2.662) y Málaga (2.665) eran las más baratas, y Ciudad Real (4.784), Vigo (5.179), Tarragona (5.323) y Barcelona (6.441), las más caras. Evidentemente, los precios resultan más asequibles si aparece por medio un seguro de decesos, pero no todos los españoles disponen de él; de hecho, de acuerdo con la patronal de las aseguradoras, UNESPA, el 44 por ciento de los ciudadanos lo han firmado. Pero el resto se expone a precios elevadísimos. Algunas ciudades han tomado cartas en el asunto.

Madrid, que es de las más caras, ha creado una nueva empresa con capital enteramente público con la finalidad de estimular la competencia y abaratar los costes. Lo mismo ha hecho Barcelona, la más cara, por lo que no resulta extraño que la Síndic de Greuges de la capital catalana haya recibido desde 2015 un total de 17 quejas sobre la prestación del servicio funerario. La mayoría ponía el acento en el precio. Valladolid ha hecho gratuitos los enterramientos o incineraciones para las familias sin recursos, y Vitoria se ha decantando por dar ayudas. Son ejemplos que delatan la relevancia de un problema que comparte PANASEF.

Nada más conocer que el Congreso daba el visto buena a la reducción del IVA, emitió un comunicado para instar a su aprobación definitiva, y posteriormente, a la redacción de una Ley. Ley que no sería nueva, ya que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una en junio de 2011, en Consejo de Ministros, pero el adelanto electoral a noviembre dio al traste con la tramitación parlamentaria. No se ha vuelto a tener noticias de aquella norma, y eso a pesar de que en teoría el sector está liberalizado desde 1996. Por ello, la rebaja del IVA aparece como una señal de optimismo. Al fin y al cabo, significaría un ahorro para el ciudadano de entre 300 y 550 euros. "No es la mejor de las soluciones, pero desde luego es una parte de esa solución, y si se aplica, su efecto es inmediato", afirma Bel.

Y no es una propuesta descabellada en el contexto europeo. Tal y como recuerda el PDeCAT, el IVA español sólo es superado por el 24 por ciento del IVA griego. Es lógico que en este contexto aumenten las incineraciones, especialmente en las grandes ciudades, ya que son más baratas. No sucede por ahora lo que no hace mucho en Reino Unido, donde el alto coste de los servicios funerarios llevaba a muchas familias a enterrar a sus seres queridos en el jardín de casa.