El ambicioso proyecto de reforma educativa del PP, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), nació ya en el 2014 con pies de barro. Incluso antes de ver la luz, la también conocida como ley Wert fue cuestionada por organismos afines al Gobierno como el Consejo Escolar del Estado, que vio en ella «deficiencias técnicas. Los maestros, los estudiantes y la calle la rechazaron de pleno. Ahora, cuatro años y dos meses de su aprobación en el Congreso, con el único apoyo del partido de Mariano Rajoy, aquella normativa que hipotéticamente debía poner fin al fracaso escolar en España, homogeneizar los contenidos que estudian los alumnos y, de paso, «españolizar a los estudiantes catalanes», como dijo su promotor, el entonces ministro de Educación José Ignacio Wert, es apenas un espejismo lejano de lo que sus ideólogos diseñaron en 2014.

De las cuatro medidas más polémicas previstas en aquella Lom-ce inicial, tres de ellas han caído por el camino y no han llegado prácticamente ni a aplicarse. Las más controvertidas, las reválidas que debían superar los estudiantes al final de Primaria, de la ESO y de bachillerato para obtener el título, son hoy poco más que unas pruebas de competencias básicas, a las que no están siquiera obligados a presentarse todos los alumnos y que no condicionan su futuro académico.

Con la modificación de las reválidas, que habían desaparecido del sistema educativo español a principios de los años 1970, también se puso coto a la posibilidad prevista en la Lomce originaria de que las escuelas elaboraran ránkings o clasificaciones a partir de los resultados obtenidos.

La separación de estudiantes a los 16 años (en cuarto de la ESO), otra propuesta del texto primigenio muy discutida sobre todo por los pedagogos, ha quedado en agua de borrajas, ya que la gran mayoría de comunidades autónomas han buscado fórmulas alternativas para no tener que segregar a los chavales según su rendimiento académico.

La tercera medida, la conversión del castellano en lengua vehicular en aquellas autonomías en las que no lo era quedó desactivada la semana pasada, cuando se conoció que el Tribunal Constitucional ha tumbado el cheque de 6.000 euros con el que Wert pretendía pagar la matrícula a los alumnos que quisieran escolarizarse en ese idioma.

La única superviviente en este proceso de descafeinización de la Lomce es, de momento, la asignatura de Religión, que Wert elevó a materia «de oferta obligatoria y evaluable». Esto significa que todos los colegios españoles están obligados por ley a poner a disposición de las familias la asignatura y, por tanto, a contratar un profesor, seleccionado antes por la Conferencia Episcopal.