Un comité de la ONU recomendó hoy a España que prohíba la participación de niños y adolescentes menores de 18 años en corridas de toros, como lidiadores o como espectadores, así como su participación en las actividades de las escuelas de tauromaquia.

En el quinto y sexto informe sobre la situación de los niños en España, examen al que se sometió el Estado español el pasado 22 de enero en Ginebra, el Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU apunta en sus conclusiones en un párrafo de tres líneas a lo que considera una preocupación por los "efectos dañinos" para los menores, así como su inquietud por "el nivel de violencia" en las escuelas de tauromaquia.

"A fin de prevenir los efectos dañinos de la tauromaquia en niños, el Comité recomienda que el Estado parte prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y espectadores en corridas de toros", indica este órgano de la ONU.

El relator del comité para España Gehad Madi destacó hoy en una rueda de prensa que esta institución "no está en contra de la tauromaquia en general en España, ya que es un evento histórico y cultural, pero usar a niños como toreros es un ejercicio violento", opinó. "También es un ejercicio violento si los niños son espectadores de una corrida de toros", sostuvo.

Los argumentos del Gobierno español

Tras la publicación de las conclusiones de la sesión, la fundación conservacionista suiza Franz Weber aseguró que las explicaciones del secretario de Asuntos Sociales, Mario Garcés, que representó a España ante el comité, "no convencieron al Comité".

En este sentido, Garcés, explicó a los responsables del comité que la edad mínima para participar en dichas escuelas es de 14 años y que la tauromaquia es una actividad regulada a nivel autonómico. "Cada escuela taurina y cada gobierno autonómico tiene su propia regulación sobre la tauromaquia", aseguró.

Una respuesta que entra en contradicción con la sentencia del Tribunal Constitucional que en octubre del 2016 anuló la ley del Parlament de Catalunya del 2010 que impedía la celebración de corridas de toros por invadir la competencia del Estado en materia de cultura, al prohibir "en una parte del territorio español, una celebración de arraigada tradición cultural".