La nueva ley general de telecomunicaciones, aprobada la pasada semana en el Congreso gracias a los votos de PP, PSOE y CiU, facilita a las operadoras la expropiación forzosa de azoteas particulares y otras propiedades privadas y públicas para la colocación de antenas de telefonía móvil “cuando resulte necesario para la instalación de la red y no exista otra alternativa técnica o económicamente viable”. El objetivo de la normativa impulsada por el Gobierno es que las compañías puedan “acometer proyectos de gran envergadura” para favorecer el despliegue de redes y la prestación de servicios, con el fin de cumplir los objetivos de la Agenda Digital para Europa, que persigue que todos los ciudadanos puedan acceder a conexiones de banda ancha a una velocidad de como mínimo 30 megabits por segundo (mbps) en el 2020.

La medida ha disparado las alarmas entre las asociaciones de vecinos y las organizaciones contra la contaminación electromagnética, que denuncian que se deja a los ciudadanos “desamparados” y que temen que el aumento de estas instalaciones pueda repercutir en la salud de las personas afectadas. “Los tejados ya no son nuestros”, denunció Asunción Laso, miembro de la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (Peccem).

Con la nueva normativa, las ordenanzas o la planificación urbanística municipal “no podrán establecer restricciones al derecho de ocupación del dominio público o privado de las operadoras”, ni imponer itinerarios o ubicaciones concretos en los que instalar estas infraestructuras.

Tampoco será necesario que los ayuntamientos otorguen licencias municipales de obras y de actividad para que las compañías puedan instalar las antenas, ya que bastará con que el Ministerio de Industria haya aprobado previamente “un plan de despliegue de dichas infraestructuras”. H