No solo de bolsos, camisetas y zapatillas falsas vive el top manta. Auriculares, cargadores, fundas, drones de juguete y palos de selfie falsos o ilegales ya se ven con facilidad en los improvisados tenderetes de los manteros. Pero el top manta tecnológico tiene otras vías: los artículos más caros se venden por internet o en tiendas con pocos escrúpulos. Y es que el mantero va cada vez más enfocado al turista y la gente no está dispuesta a hacer grandes dispendios en plena calle, explican sus protagonistas.

En Europa, un reciente informe de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante, y la Unión Mundial de Telecomunicaciones sostiene que se han vendido unos 14 millones menos de teléfonos en el 2015 por los terminales falsos, aunque la estadística incluye también los dispositivos que fueron reparados en talleres no oficiales y a los que se añadieron componentes no registrados, como pantallas o carcasas. La parte española de este pastel hubiera supuesto, siempre según este estudio, 386 millones de euros más de facturación para las compañías, el equivalente al 10% de las ventas en el 2015. Un entremedio entre el 19% que alcanza en Rumanía y el 3% de Suiza.

PRODUCTOS FALSOS // También la OCDE, en otro informe publicado a principios de este mes advertía de que el 6,5% de los productos tecnológicos que se vendieron a nivel mundial en el 2016 son falsos, y que la cifra duplicaba la del año anterior. Entre ellos, cargadores, auriculares y baterías que funcionan con problemas o se rompen al poco tiempo.

Las pérdidas no solo son económicas. Según la EUIPO, «empobrece la calidad de los servicios de telecomunicaciones impactando la experiencia de los clientes y las empresas, crea un problema de seguridad entre los consumidores por el uso de componentes y materiales inadecuados, aumenta las amenazas de ciberseguridad, pone en peligro la privacidad de los consumidores, perjudica la seguridad de las transacciones digitales, daña a los consumidores más vulnerables dejando de ofrecerles las garantías amparadas por la ley y crea un riesgo para el medio ambiente y los consumidores».