La respuesta a la pregunta de si un chiste sobre el presidente el Gobierno durante la dictadura franquista Luis Carrero Blanco puede conllevar cárcel es sencilla: quizá uno solo no, pero si publicas alrededor de una decena en Twitter, lo más probable es que acabes en la Audiencia Nacional. Lo prueban las recientes condenas a tuiteros por delito de enaltecimiento del terrorismo o de humillación a las víctimas, a las que el pasado miércoles se sumó la dictada contra la murciana Cassandra Vera, que ha vuelto a hacer saltar las alarmas sobre la restricción a la libertad de expresión que se está experimentando.

«Estamos viviendo el ataque más importante a la libertad de expresión de la democracia», resume el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III Javier Álvarez, que es el promotor del manifiesto firmado por casi 300 profesores de esta disciplina de toda España contra la persecución de estas conductas.

Cuesta trabajo entender que publicar 12 tuits en varios años en las redes sociales pueda suponer una condena de un año de prisión y siete de inhabilitación absoluta como la impuesta a la joven natural de Águilas (Murcia), que no entrará en la cárcel, aunque la pena constará en su expediente. Esto, probablemente, le plantee más problemas, por ejemplo, a la hora de optar a ofertas públicas de empleo.

La sentencia de la Audiencia Nacional fue contestada con la publicación de chistes sobre Carrero Blanco, asesinado por ETA durante la dictadura, por parte del líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y el de Podemos, Pablo Iglesias. Ambos políticos no tienen que preocuparse, porque un solo tuit no suele conducirte a la Audiencia Nacional. Aunque tampoco hacen falta muchos. En el caso de Cassandra fueron 12 y en el del líder de Def con Dos, César Montaña, Strawberry, fueron 8. El caso del cantante es paradigmático, porque fue absuelto por la Audiencia y luego condenado por el Tribunal Supremo.

Y los tuits se persiguen aunque la víctima aludida no se sienta ofendida, como manifestó la nieta de Carrero Blanco o dejaron claro, por un lado, Irene Villa, cuando el concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata fue juzgado por un chiste sobre ella y las niñas de Alcàsser, y, por otro, el diputado socialista Eduardo Madina, citado por Strawberry.

Álvarez sitúa en «el 2010 o el 2011» el momento en que se empezaron a perseguir comentarios en Twitter que unos años antes estaban en boca de todos en forma de chistes de mal gusto. «Los de Carrero se dejaron de contar, porque ya aburrían», recuerda.

El enaltecimiento se incluyó en el 2000 en el Código Penal para combatir las amenazas directas que realizaba entonces el entorno de ETA. Pero desde entonces la situación ha cambiado tanto que la banda terrorista ha dejado de matar y la mayoría de enaltecimientos que se persiguen en la Audiencia Nacional y trascienden -muchos por terrorismo yihadista-, son de tuiteros. Además, el PP, con su mayoría absoluta, reformó el Código Penal y agravó las penas tanto del delito de enaltecimiento y humillación a las víctimas como del de odio.

LA INICIATIVA // Ese endurecimiento «crea una indeterminación» que permite la persecución de cualquier comentario, apunta Álvarez. Podemos presentó sin éxito esta semana una iniciativa para derogar el delito de enaltecimiento de terrorismo. Aunque ha logrado que el PSOE haya admitido que quizá «hay que ajustarlo», si se utiliza para condenar actitudes que «nada tienen que ver» con el enaltecimiento.