Más de 80.000 personas en España no van a poder votar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo porque no han visto reconocido su derecho a hacerlo. Son personas con una discapacidad intelectual o psicosocial que perdieron el sufragio al ser incapacitadas judicialmente. Aunque el Gobierno ya ha reconocido que tiene una cuenta pendiente con este colectivo y en octubre aprobó en el Congreso reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), sigue sin hacer los deberes.

CiU hizo la proposición no de ley en septiembre y fue aprobada por todos los partidos en octubre. El Gobierno tenía seis meses de plazo, pero no se ha tocado ni una coma. El objetivo de esta reforma es adaptar la legislación española a la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el Gobierno español desde el 2007. Pero, a pesar de ir con siete años de retraso, el Ejecutivo sigue tomándose con calma el reconocimiento de un derecho civil que para los especialistas es una cuestión de derechos humanos.

DERECHO FUNDAMENTAL // Según Chema Sánchez Alcón, representante del comité de ética de la plataforma FEAPS, que defiende los derechos de los discapacitados, “eliminar el sufragio, derecho civil y de ciudadanía, es pura segregación y no tiene nada que ver con el nivel de inteligencia de una persona. Votar es la diferencia entre ser ciudadano y no serlo”. Hace referencia a este hecho porque en España muchos jueces realizan incapacitaciones totales a partir de informes forenses que aplican criterios no actualizados.

La aún vigente LOREG establece que carecen de derecho a sufragio “los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme”. En España lo habitual es que cuando alguien solicita una incapacitación -por ejemplo para evitar que el afectado rija sus bienes y puedan estafarle- el juez la aplique de forma total, lo que suprime el derecho a votar. Pero en realidad la incapacitación total debería aplicarse solo en casos excepcionales, ya que según la Fiscalía General del Estado privar de este derecho “incide negativamente en la integración”.

Además, mientras las leyes se adaptan al siglo XXI, existen mecanismos que permiten preservar el sufragio pero que se están aplicando de forma aislada, puesto que muchas familias no la solicitan por desconocimiento.

La tramitación en el Congreso, último escollo de la larga lucha, se demorará un tiempo más. Todo este galimatías de la burocracia política no hace si no retrasar una reforma legislativa que la ONU urgió a efectuar a España en el 2011, cuando el Comité de Expertos sobre Derechos de las Personas con Discapacidad se reunió en Ginebra e hizo una llamada al orden a la comisión española.

En España existen algunos casos aislados en los que personas declaradas incapaces han podido recuperar su derecho al sufragio tras recurrir la sentencia. H