Son medio centenar de acusados, la gran mayoría de nacionalidad rumana, y se sentarán en el banquillo en breve. La Fiscalía de Castellón les atribuye la comisión de un gran fraude a la Seguridad Social en el 2011 de más de 360.000 euros a través de una empresa fantasma. Una noticia de la que Mediterráneo ya se hizo eco en su día con la detención de todos ellos en una operación desarrollada por la Guardia Civil.
El fiscal pide para el cabecilla de la red de estafa al paro seis años de cárcel y el pago de una multa de 1,8 millones de euros. Para los otros 49 procesados reclama un año y ocho meses de prisión para cada uno, así como la devolución de las prestaciones por desempleo cobradas, que oscilan entre 2.600 y 9.000 euros.
Falso domicilio social
Tal y como reza el escrito de acusación del Ministerio Público, el cabecilla, Gabriel V.B., de 50 años, constituyó la empresa Atlántico Prestaciones SL, dedicada principalmente a tareas de limpieza industrial y doméstica y al transporte de mercancías, y con tres falsos domicilios sociales en Castellón. La empresa llegó a tener en el año 2011 cerca de 140 trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, pese a que la misma no realizaba actividad alguna, ya que se había constituido, remarca el fiscal, con el único propósito de tener a personas de alta a efectos de generar derechos y expectativas de prestaciones futuras del paro y ayudas públicas.
El líder de la trama, prosigue el documento, en septiembre del ejercicio 2011 dio de baja masiva a todos sus empleados, continuando con la misma actividad con otra empresa fantasma.
Investigación
La investigación comenzó porque la firma tenía tres domicilios sociales: uno no existía y los otros eran edificios de viviendas particulares. El cabecilla, incluso, llegó a contratar durante un tiempo los servicios de una conocida y céntrica gestoría de Castellón, a la que no pagaba. Una asesoría laboral que después colaboró con las autoridades al detectarse la estafa para detener al defraudador.
Muchos de los acusados firmaron los contratos en parques o en bares y algunos, incluso, nunca habían vivido ni en Castellón ni en España. Sin embargo, meses después cobraban el paro, sin ni siquiera haber pisado el país.
El fraude, hasta que la inspección de Trabajo dio la voz de alarma, pudo haber permanecido activo meses e incluso años.
Pistola y dinero
La Guardia Civil halló en el registro del domicilio del cabecilla, en Benicàssim, una carabina de aire comprimido, una pistola simulada y dinero en metálico. Además, los agentes también descubrieron gran cantidad de contratos e información sobre los mismos en los que apuntaba el dinero que pagaba cada persona, que variaba en función de los días, meses o años que les pudiesen faltar para poder cobrar el paro y defraudar. Finalmente, tras un año de indagaciones, la Guardia Civil los detuvo a todos en junio del 2012.
Un macrojuicio que se celebrará en los juzgados de lo Penal de Castellón tras finalizar una compleja y larga instrucción.
