Está en Sevilla y no tiene dinero para venir a Castellón. Este fue el argumento que dio ayer, a través de su abogado, N.V.H., uno de los acusados, como cómplice, del asesinato del dueño del club Doris de Cabanes. El juicio tenía que comenzar ayer y al mismo estaban citados gran número de testigos, peritos y guardias civiles. Todo estaba preparado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial para celebrar una vista oral que tenía que durar tres días, pero uno de los acusados anunció que no podía desplazarse «por motivos económicos».

Inmediatamente, el magistrado presidente del tribunal, José Luis Antón, ordenó su búsqueda y detención para que comparezca en el menor plazo posible ante la autoridad judicial de guardia, para explicar este extraño extremo. El juez entonces determinará si este hombre tiene que ingresar en prisión hasta la celebración de el juicio, que tuvo ayer que ser suspendido y para el que, de momento, no hay fecha.

CUATRO ACUSADOS

Sí que acudieron a su cita con la Justicia uno de los acusados, S.C., supuesto autor material, que está en prisión y llegó esposado custodiado por la policía, así como una exempleada del club de alterne, L.V. y otro cómplice. La Fiscalía pide 30 años de prisión para el primero, S.C., y también para la extrabajadora, L.V., quien, presuntamente, ideó el asalto para saquear a su jefe. Los acusa de robo con violencia en casa habitada, en concurso real con un delito de asesinato. A sus cómplices, C.Z. y N.V.H. --que no acudió ayer al juicio-- los acusa de los mismos delitos y solicita 10 años para cada uno.

ESTRANGULADO

El Ministerio Público sostiene en su escrito de acusación que la empleada del club, con una precaria situación económica, se puso en contacto con su expareja, C.Z., para planificar un golpe en el que se apoderaran del dinero, las joyas y otros objetos de valor de la víctima. Este, a su vez, contactó con otras dos personas para llevar a cabo el plan, entre los que se encontraba el autor material del crimen. El fallecido fue maniatado y golpeado por todo el cuerpo, hasta que murió por asfixia y estrangulamiento, según consta en el escrito elaborado por el fiscal.

Mientras tanto, L.V., conocedora de lo que estaba pasando, subió el volumen de la música para impedir que alguien lo oyera.

TRASTORNO JUDICIAL

La incomparecencia de este acusado supuso ayer un auténtico quebradero de cabeza para los funcionarios de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. También para todos los testigos y personas citadas, así como para los forenses y letrados. Sus agendas quedaron trastocadas, además del desembolso que supone para las arcas públicas suspender un macrojuicio de estas características.