Un guardia civil de Benicàssim, de unos 45 años, ha sido detenido, acusado de un presunto delito de violencia de género contra su expareja. Según ha podido saber Mediterráneo, la mujer interpuso una denuncia contra quien fuera su compañero sentimental durante años, aportando una serie de mensajes amenazantes que el ahora arrestado le había enviado por Whatsapp en el marco de una conversación íntima.
La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y al agente implicado se le ha retirado el arma, además de interponérsele una orden de alejamiento de su expareja, hasta que concluya la investigación y se celebre una vista oral --se trata del protocolo habitual--.
El detenido se encontraba actualmente destinado en Benicàssim y previamente había ejercido también en Orpesa. Según ha podido saber este diario, ya le constaban antecedentes policiales por presunta violencia machista.
EL CASO DE UNA JUEZA
El pasado 30 de diciembre este diario informó también del arresto en Nules del marido de una jueza, tras revelar la mujer amenazas y acoso psíquico durante años de matrimonio. La afectada, cansada de sufrir la situación, se decidió a denunciar a su pareja, de la que se está separando, según indicaron fuentes fidedignas cercanas.
El arresto tuvo lugar en un bar de Nules en el que el acusado se encontraba, por lo que la noticia de su detención corrió como la pólvora en la localidad.
Tras la denuncia, su caso se calificó como de riesgo medio y contra el todavía marido de la jueza se decretó también una orden de alejamiento. Asimismo, la denunciante cuenta ahora con vigilancia, según pudo conocer este rotativo de fuentes fidedignas.
804 CASOS ACTIVOS
En la provincia hay activos 804 casos de violencia de género, según los últimos datos del Ministerio del Interior. Seis de las víctimas presentan riesgo alto, otras 88 riesgo medio, 363 riesgo bajo y 347 no tienen apreciado peligro en este momento.
Además, existen otros 6.530 casos que se encuentran inactivos. Esto es, por determinadas circunstancias, se considera que no es preciso que sean objeto de atención policial. Aún así, el caso puede reactivarse en cualquier momento.
Un test policial fija el primer nivel de riesgo de las víctimas, que puede ser reevaluado luego por la autoridad judicial.
