La Policía Nacional y Europol, en una operación conjunta, han detenido a 28 personas, cuatro de ellas en Castellón, y desarticulado dos organizaciones dedicadas al tráfico de menores marroquíes.

Tras ser captados en Marruecos los menores cruzaban la frontera clandestinamente llegando a pagar unos 2.000 euros si era en patera, 5.000 en moto de agua y 2.500 si se utilizaban coches o camiones, aumentando los precios considerablemente si las condiciones meteorológicas eran adversas, informa la Dirección General de la Policía.

En la primera fase de la operación, en la que quedó desarticulada una de las organizaciones, varios de los detenidos de origen marroquí trabajaban como personal laboral en un centro de menores de Asturias.

Posteriores investigaciones posibilitaron en una segunda fase del operativo la desarticulación de otra organización interconectada con la primera y dedicada al secuestro de los menores al llegar a las costas españolas sin dejarles continuar su periplo hasta que sus familias de origen en Marruecos pagaran 500 euros.

En la primera fase fueron detenidas 22 personas: En Madrid (1), Oviedo (5), Gijón (2), Castellón (4), Algeciras (1), Zamora (3), Barcelona (3), Lleida (1), Bilbao (1) y Murcia (1), y en la segunda las otras seis: En Jerez de la Frontera (3), Bilbao (2) y Barcelona (1).

Las investigaciones se iniciaron tras la detección de un incremento notable de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENAs) marroquís en un centro de menores de Asturias, procedentes en su mayoría de una pequeña área geográfica cerca del desierto del Sáhara.

Tras varias gestiones, los agentes identificaron y detuvieron a tres de los trabajadores de este centro, también de origen marroquí, dedicados a traficar directamente a los menores desde Marruecos a España, así como del control supervisión y realización de gestiones documentales de los menores. Además, en uno de los registros, fue encontrado uno de ellos en el interior del domicilio particular de una de las detenidas, quien conminaba a los niños a que acudieran allí para realizar labores domésticas cercanas al servilismo.

Variaban los métodos para el cruce clandestino de frontera

Durante la captación era habitual solicitar a los familiares una cantidad económica en función del método utilizado para traficarlos, siendo trasladados en un primer momento hasta Tánger donde otra persona se hacía cargo de ellos. Tras cruzar la frontera, y una vez en España, eran trasladados a las provincias de Castellón, Barcelona, Oviedo y Bilbao donde se les ofrecía alojamiento y las indicaciones oportunas para que comunicasen en dependencias policiales su minoría de edad y una vez en los centros de menores eran controlados y se les gestionaba su documentación.

La organización contaba en Marruecos con los contactos oportunos para llevar a cabo los cruces clandestinos de fronteras con gran profesionalidad, utilizando distintos métodos en función de los cuales variaba el precio. Si la embarcación era tipo patera, el cobro era de 1.500 a 2.000 euros por el trayecto desde Marruecos hasta Cádiz. En el caso de utilizar barcos pesqueros a los que se les solían arrimar pateras para el desembarco de menores, el precio era de 2.000 y 3.000 euros. Para el traslado de menores en motos de agua la cantidad ascendía a los 5.000 euros y el uso de vehículos o camiones por puestos fronterizos como Ceuta y Melilla se pagaba con 2.500 euros. Finalmente el cruce con documentación de una tercera persona con cierto parecido físico rondaba los 5.000 y 6.000 euros. No obstante, a medida que los investigadores fueron profundizando constataron que los precios se incrementaban en función de las condiciones climatológicas, de manera que al no darse las adecuadas se llegaron a pedir entre 7.500 y 8.000 euros por cruce de menor.

Menores secuestrados una vez llegaban a España

Durante las investigaciones, los agentes detectaron otra organización interconectada a la investigada y comenzaron una segunda fase del operativo en la que se detuvo a seis personas en las localidades de Jerez de la Frontera (3), Bilbao (2) y Barcelona (1).

Esta segunda organización criminal estaba especializada tanto en el tráfico de menores de origen marroquí desde Marruecos a las costas de Cádiz utilizando pateras, como al secuestro de los menores traficados por otras organizaciones a su llegada a España. Para liberarlos exigían a sus familiares el pago de 500€ a los miembros de la organización criminal asentados en Marruecos.

Los miembros de la organización actuaban totalmente coordinados con los traficantes de Marruecos. Se trataba de una organización peligrosa que no dudaban en enviar sicarios desde Marruecos para amenazar o agredir a los miembros de aquellas organizaciones que les quitaban a los menores traficados por ellos.

Una vez llegaban los menores, eran ocultados en los bosques de la provincia y en pisos de la organización hasta que recibían el dinero exigido a sus familiares. Si no mediaba secuestro del menor, la organización conseguía traficar a un menor desde la provincia de Cádiz hasta el norte de España en apenas dos días desde su llegada a nuestras costas.

Se estima que han traficado con más de 100 menores

Se ha acreditado la participación activa de la organización en la llegada de cinco pateras en apenas un mes. Las gestiones de análisis de inteligencia indican que esta organización ha participado en el tráfico de más de 100 menores, controlados en todo momento hasta que eran documentados por las autoridades españolas.

En este operativo, debido a la extrema profesionalidad de las organizaciones así como por la novedad del modus operandi, se ha contado con la colaboración de la agencia europea EUROPOL, quienes se desplazaron a Oviedo y Castellón participando activamente en labores de análisis y volcado de efectos informáticos.

El operativo, en sus dos fases, ha culminado con la detención de un total de 28 personas por diversas provincias españolas así con la realización de 10 registros en Oviedo, Gijón, Zamora, Castellón y Jerez de la Frontera, donde se ha intervenido valioso material entre los que se encuentra contabilidad asociada a los pagos que tenían que efectuar los menores, aplicaciones móviles encriptados, dinero en efectivo, documentación falsa y terminales telefónicos.