Una vecina de Castellón, María Isabel Martínez Lara, asegura que el 8 de noviembre se marchó de la vivienda en la que residía, en la avenida Vila-real nº 283 piso V-7, para casarse y que luego se fue de luna de miel. El 16 de noviembre llegó a casa a las 22.00 horas y se encontró con la desagradable sorpresa de que le habían cambiado la cerradura, sin haberle comunicado previamente el desalojo. Así consta en el escrito presentado el pasado lunes 17 de noviembre en el Juzgado de lo Mercantil de Castellón.

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), la promotora que construyó el edificio entró en concurso. Una vez tramitado el mismo, en 2012, pasó a ser dueño del edificio el BBVA. El juzgado de lo Mercantil remitió al servicio común de notificaciones y embargos para que informase sobre la ocupación de las viviendas. Según el TSJCV, la comisión judicial acudió y observó que no estaban ocupadas y, por lo tanto, se completó el proceso de toma de posesión de las viviendas por parte del BBVA.

Sin embargo, María Isabel Martínez asegura que dentro están todas sus pertenencias. “Allí están mis muebles, sofás, cañas de pescar, televisión, utensilios de cocina, edredones, herramientas de mi cuñado, incluso un sobre con el dinero de la boda”, señala.

Desde ese día, apunta, está en la calle “sin dinero, sin pertenencias ni solución”. Agrega que ha tenido que pasar la noche durmiendo en el coche. Ayer un vecino les ofreció su ayuda.

Según el certificado del Ayuntamiento, Martínez figura como empadronada en dicha vivienda desde el 16 de noviembre del 2011. Muestra el contrato de la luz y una factura de octubre del 2014, así como dos cartas remitidas por Sanidad a su domicilio.

Asegura que en agosto de este mismo año fue operada de túnel carpiano y, como no podía estar en casa sola, pues tiene una hija menor, se fue a Valencia con su familia, y al mes siguiente la operaron de un papilomavirus.

Agrega que residía en esta finca en régimen de alquiler desde 2011 y muestra el contrato de arrendamiento. “Pedí la renta de emancipación para menores de 30 años, me la denegaron y me dijeron que quien me alquilaba el piso no era el propietario”, señala. Entonces, fue al Juzgado Mercantil para preguntar si tenía que seguir pagando el alquiler y allí le pidieron el DNI, el teléfono y copias de la documentación, y le recomendaron que no siguiera pagando arrendamiento (270 €), pero sí la luz y el agua, y le dijeron que se pondrían en contacto con ella, cosa que hizo. Esto sucedió a principios del 2012, explica. Siguió viviendo allí, aunque el juzgado no volvió a contactar con ella. Hasta que se encontró con el desalojo, casi 2 años después. H