Un amplio operativo coordinado por la Guardia Civil permitió detener el pasado martes por la mañana a al menos diez personas relacionadas con una empresa ubicada en Castellón y cuyos gestores estarían acusados de los supuestos delitos de estafa y blanqueo de dinero.

Los arrestos se produjeron a primera hora de la mañana (7.00 horas) en los domicilios de los acusados, situados en su mayoría en la ciudad de Castellón, aunque también en Orpesa, Burriana y Benicàssim. Por último, hubo una detención en Málaga, porque uno de los acusados estaba allí.

Según pudo saber Mediterráneo, los tres principales responsables de la compañía, todos ellos detenidos, son V. V., M. A. B. e I. K., aunque en este último caso se trata de una persona que figuraba como socia pero no ejerce como tal, pues quien realmente lo hace es su pareja, I. H. Los agentes de la Benemérita también entraron en la mañana del martes en al menos una empresa (una gestoría) propiedad de un familiar directo de M. A. B., que responde a las iniciales de V. B.

Además, entre los empresarios, también figura D. M., A. L., J. R. Q. y H. L., así como una mujer de Burriana. La jueza que se ha hecho cargo de las diligencias tiene previsto dictar hoy jueves las medidas cautelares, por lo que se sabrá si los arrestados pasan a prisión provisional o salen en libertad con cargos, a la espera de que se celebre el juicio.

La operación, en la que participó la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic), investiga la actividad de la sociedad, con sede en la plaza Santa Clara de Castellón y entre cuyos sectores de actividad figura la gestión de activos inmobiliarios, la organización de eventos y la concesión de préstamos.

VARIAS ESTAFAS // En las supuestas estafas estarían implicados diversas empresas y particulares de la provincia de Castellón, según explicaron las fuentes ya citadas, que añadieron que los ahora arrestados llevaban un alto tren de vida desde hacía varios años, pues poseían varios vehículos y viviendas de lujo.

V. V., que es la cabeza visible de la compañía investigada, ya fue condenado en diciembre del 2016 a dos años de cárcel por haberse apropiado de manera indebida de 154.000 euros de sus clientes. En el juicio, su abogado y el fiscal alcanzaron un acuerdo de conformidad, después de que el condenado devolviera el dinero.