La Fiscalía de Castellón descarta ampliar nuevas imputaciones al policía local de Burriana ingresado en prisión acusado como presunto autor de los delitos de corrupción, prostitución de menores y abusos sexuales. El ministerio público deja en manos del juzgado de instrucción de número 6 de Castellón, que se ha hecho cargo del caso, cualquier nueva actuación al respecto.
Así lo declaró ayer el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Castellón, José Luis Cuesta, al ser preguntado sobre los pasos a seguir en la investigación a partir de ahora y si después de conocerse la información avanzada por Mediterráneo relativa a las fotos y vídeos se piensa imputar al policía por estos nuevos delitos y cuándo podría ser el juicio.
En este sentido, el fiscal contestó, tras recordar que la investigación se inició en Fiscalía, “que en el momento en que se tienen elementos suficientes para judicializar el caso empieza la colaboración con la Guardia Civil y con el juzgado de instrucción, y no puedo adelantar, lógicamente, el devenir de lo que puede pasar a partir de esta judicialización”.
“Cumplimos con esa primera investigación judicial y nada más. Será el juzgado quien va a terminar la investigación”.
En estos momentos el juzgado de instrucción número 6 de la capital está analizando miles de fotografías y vídeos de menores que el agente local de Burriana tenía en el ordenador portátil. El número de víctimas (todos varones entre 15 y 17 años) podría superar la docena.
El agente contactaba con los menores a través del teléfono y, tras ello, presuntamente, les hacía regalos como teléfonos móviles y después les solicitaba, supuestamente, fotografías de índole sexual. Después, iba más allá y, presuntamente, les exigía mantener relaciones sexuales bajo supuestas amenazas y coacciones. Las víctimas están ahora bajo tratamiento psiquiátrico.
No es la primera vez que José Antonio M.M. se enfrenta a un proceso judicial. En el 2011 ya fue condenado a un año y nueve meses de cárcel por falsificar la tarjeta de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de un coche que había sido inmovilizado por sus compañeros en un control de alcoholemia. El acusado, aprovechando que el dueño del turismo no tenía seguro, ni los papeles, intentó venderlo. Para ello, valiéndose de su condición de agente de la autoridad, falsificó los documentos de la ITV. Un oficial de la Policía Local de Burriana se percató de sus intenciones, lo denunció, fue detenido y procesado. H
