El Gobierno ha decidido combatir el narcotráfico que azota las costas andaluzas, con desembarcos y persecuciones policiales a plena luz del día en playas llenas de turistas, con una nueva la ley. Cuando esté aprobada, la norma prohibirá las embarcaciones neumáticas o semirrígidas de alta velocidad y de más de ocho metros que habitualmente usan las mafias en el Campo de Gibraltar.

Cuando el texto sea una realidad, ese tipo de lanchas se considera que son de uso exclusivo del personal de salvamento y otras autoridades marítimas, a las que sumarán las de actividades deportivas o empresariales. La policía, pues, podrá decomisar las narcolanchas, aunque no lleven droga ni tabaco de contrabando en el momento de la detención. «Se considerarán ilícitas», explicó ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha elaborado el anteproyecto de ley junto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

REGISTRO // El borrador legal insta a las autoridades de Hacienda a realizar un registro de este tipo de embarcaciones para evitar problemas con las mafias del contrabando. De momento, lo que el Ejecutivo central ha aprobado es un anteproyecto de modificación de la ley orgánica de represión del contrabando, una iniciativa impulsada por el departamento de aduanas e impuestos especiales de la Agencia Tributaria.

La tenencia de estas embarcaciones, al igual que su fabricación, circulación, importación, exportación, venta o rehabilitación, constituirán --salvo que se cumplan la legalidad-- una infracción administrativa si el valor de las barcazas decomisadas no supera los 50.000 euros. Si la rebasa, se considerará un delito de contrabando, sancionado con pena de prisión de uno a cinco años y multa de hasta seis veces el valor de los bienes incautados.

La presencia de mafias en la costa andaluza que trafican con drogas o tabaco suponen una «alarma social», dijo Montero.